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Según Migración el 1.8% de los detenidos en Colombia son venezolanos

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Foto: Migración Colombia

La entidad rechazó los hechos violentos en Bogotá en los que murió un patrullero de la Policía Nacional.

Migración Colombia rechazó este jueves los hechos violentos en Bogotá en los que murió el patrullero de la Policía Nacional, Edwin Arnoldo Caro Gómez,  episodio en el que se vieron involucrados migrantes venezolanos.

“Como sociedad y como autoridades no podemos, ni vamos a permitir, que ningún ciudadano, nacional o extranjero, afecte el orden público, la tranquilidad ciudadana y la seguridad nacional”, indicó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en su cuenta de Twitter.

En un comunicado Migración rechazó “de manera categórica cualquier acto de violencia, independientemente de quien lo realice y condenamos de forma vehemente este tipo de acciones; absolutamente nadie, sin distingo de nacionalidad, tiene derecho a arrebatarle la vida a otro ser humano. El delito no tiene pasaporte y la criminalidad debe ser prevenida y perseguida sin atención a nacionalidades”.

Migración indicó que seguirá trabajando con las demás autoridades por mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional, “siempre generando la mayor drasticidad en las sanciones cuando así lo ameriten, pero también la mayor protección en la población vulnerable al amparo de los derechos humanos”.

De acuerdo con el INPEC hay un poco más de 97 mil detenidos y de ellos, menos del 1.8% son de nacionalidad venezolana.

“Situaciones como las registradas el día de ayer en la ciudad de Bogotá, deben fomentar la unión, el trabajo en equipo y no la estigmatización”, anotó Migración Colombia.

Explicaron que el Estatuto Temporal de Protección permitirá combatir la competencia desleal en la oferta laboral, la cual, precisamente, proviene de la vinculación de migrantes irregulares por fuera de condiciones de mercado y sin aportes al Sistema de Seguridad Social, configurándose en casos de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral, una grave violación de los derechos humanos, que va en detrimento del mercado laboral colombiano.

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