Sarita Vives aseguró que presentó una queja ante la Procuraduría, la Fiscalía, la MOE y la Registraduría para que investiguen una caravana política realizada antes de la primera vuelta presidencial.
La secretaria de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta, Sarita Vives, denunció ante los organismos de control una presunta participación indebida en política por parte de funcionarios y contratistas vinculados a la Gobernación del Magdalena durante actividades relacionadas con la campaña presidencial de Iván Cepeda.
La funcionaria informó que radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y remitió la documentación correspondiente a la Fiscalía General de la Nación, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Comisión de Seguimiento Electoral de la Registraduría Nacional.
Según explicó, la denuncia está relacionada con una caravana política realizada el pasado 30 de mayo de 2026 en Santa Marta, un día antes de la primera vuelta presidencial, en la que presuntamente habrían participado servidores públicos y contratistas.
De acuerdo con el documento presentado, las autoridades deberán establecer si existió participación indebida en actividades proselitistas por parte de personas vinculadas al sector público y si se configuraron posibles faltas disciplinarias o conductas sancionables.
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Vives también aseguró que existen versiones sobre presuntas presiones ejercidas a contratistas relacionadas con la continuidad de sus contratos a cambio de participar en actividades políticas, situación que, según manifestó, debe ser objeto de investigación por parte de los organismos competentes.
“La lucha contra la participación indebida en política no puede depender de afinidades ideológicas ni de conveniencias políticas”, expresó la funcionaria a través de sus redes sociales al anunciar la radicación de la denuncia.
La secretaria indicó que espera que las autoridades adelanten las verificaciones correspondientes y determinen si existieron irregularidades durante el desarrollo de estas actividades electorales.
Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales por parte de los funcionarios o contratistas que habrían sido mencionados dentro de la queja presentada ante los organismos de control.
