Tres hombres terminaron en manos de la justicia tras ser señalados de montar toda una fachada de “veeduría ciudadana” para presuntamente extorsionar a alcaldes y funcionarios en el departamento del Cesar.
De acuerdo con la investigación, los implicados contactaban a mandatarios locales y los citaban a reuniones donde les lanzaban la presión: debían pagar sumas que iban desde los 10 hasta los 300 millones de pesos para evitar denuncias por supuestos actos de corrupción.
La estrategia era clara: si las víctimas accedían al dinero, los señalados prometían no interponer denuncias o incluso retirar procesos que ya estaban en curso ante organismos de control.
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Según la Fiscalía, detrás de esta red había roles definidos. Uno de ellos sería el cabecilla, otro actuaba como intermediario en los contactos y el tercero se encargaba de recibir el dinero producto de las exigencias.
Entre los casos documentados aparecen presuntas presiones contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, así como contra el alcalde de Becerril.
Por estos hechos, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Los tres fueron imputados por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada, cargos que no aceptaron.
El caso deja en evidencia cómo una figura pensada para vigilar lo público, como las veedurías ciudadanas, habría sido utilizada como fachada para presionar y exigir dinero a funcionarios.
