El presidente aseguró que su Gobierno buscará recuperar el control de los centros penitenciarios y advirtió que los funcionarios que colaboren con internos en actividades ilegales también serán perseguidos
El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una dura advertencia a los funcionarios y guardianes del Inpec, al asegurar que quienes colaboren con personas privadas de la libertad para facilitar actividades criminales deberán responder ante la justicia.
El pronunciamiento hace parte de la estrategia anunciada por el Gobierno para recuperar el control de las cárceles, fortalecer la disciplina dentro de los establecimientos penitenciarios y evitar que estructuras delincuenciales continúen operando desde los centros de reclusión.
Durante su intervención, el mandatario fue enfático al referirse a los funcionarios que presuntamente establezcan acuerdos con internos o permitan que desde las cárceles se mantengan actividades ilícitas.
“Los funcionarios que se vendan a los delincuentes y criminales privados de la libertad dejarán de portar un uniforme para empezar a responder ante la justicia”, afirmó De La Espriella.
Advertencia también para los funcionarios
El mensaje del presidente no estuvo dirigido únicamente a los internos considerados de alta peligrosidad.
De La Espriella planteó que quienes desde las instituciones penitenciarias faciliten las operaciones de las organizaciones criminales también serán objeto de acciones judiciales.
La advertencia apunta a cortar posibles redes que permitan el ingreso de elementos prohibidos, comunicaciones irregulares o cualquier mecanismo mediante el cual los privados de la libertad puedan mantener capacidad de influencia sobre estructuras que operan fuera de las cárceles.
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Para el Gobierno, recuperar el control penitenciario requiere actuar tanto contra los delincuentes recluidos como contra aquellos funcionarios que eventualmente puedan facilitar sus actividades.
“Los delincuentes pagarán con creces”
El jefe de Estado también aseguró que las personas condenadas deberán cumplir con las consecuencias establecidas por la justicia.
“Los delincuentes pagarán con creces su deuda con la sociedad”, sostuvo.
El pronunciamiento se suma a las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno para aislar a internos considerados de alta peligrosidad y reducir su capacidad de comunicación con organizaciones criminales que permanecen activas en las calles.
La estrategia plantea así una política de mayor control dentro de los establecimientos penitenciarios, con énfasis en impedir que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de coordinación de actividades delictivas.
