Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y uno de los empresarios más poderosos de América Latina, estaría dispuesto a abandonar el país si no logra extender los contratos de concesión que le permiten operar decenas de peajes en el territorio nacional.
El magnate, cuyo emporio controla al menos 17 estaciones de peaje a través de diferentes concesionarias, reclama prórrogas de 20 a 30 años para continuar con la operación.
Aunque en redes sociales se habla de que tendría bajo su dominio hasta 180 peajes, lo cierto es que sus empresas como Episol, Coviandina y Concesión Pacífico concentran gran parte del negocio vial en Colombia.
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Sarmiento ha defendido que las altas tarifas responden al costo de las inversiones en infraestructura, y que los contratos de largo plazo son necesarios para recuperar el dinero invertido. Sin embargo, este modelo ha sido criticado por la ciudadanía y algunos sectores políticos, que lo consideran una fórmula de enriquecimiento garantizado para unos pocos, mientras los usuarios enfrentan cobros excesivos incluso en vías inconclusas.
“Es corrupción flagrante, por eso no se deben renovar esas concesiones”, señalan voces ciudadanas que ven en el esquema un cartel de peajes con respaldo estatal.
