De acuerdo con la diputada, actores que hicieron parte de grupos armados estarían amenazándola.
El pasado 24 de marzo, la diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, lideró en el recinto de la Asamblea un debate de seguridad en el departamento, sin esperar que, días después, iba a ser víctima de una presunta persecución por parte de actores que pertenecieron a grupos armados, según informó.
Aunque la diputada no reveló los nombres de quienes supuestamente estarían intentando silenciarla, denunció pública y judicialmente al señalado, de quien, además, expuso que estaría divulgando audios violentos en su contra.
Hay que recordar que, en este debate participaron los comandantes de la Policía del Magdalena y Santa Marta, la Secretaría del Interior Departamental, la Oficina para la Paz, Defensoría del Pueblo y líderes sociales e investigadores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Asumir un debate de esta naturaleza implica una planificación y un costo político que ninguna otra persona en el departamento ha asumido. Si poner sobre la mesa la seguridad del Magdalena me expone en el territorio, lo asumo”, señaló Rosita, mientras cuestionaba si debe pedir autorización para atender esta problemática.
¡ME QUIEREN SILENCIAR!
¡NO ME VOY A CALLAR! @FiscaliaCol @PoliciaStaMarta @PoliciaDEMAG @PdhalSN pic.twitter.com/nmijgSOUe7
— Rosita Jimenez (@rositaj2) March 28, 2023
Con lo anterior, sostuvo que seguirá “siendo la voz” de los campesinos, líderes sociales, personas desplazadas y comunidad en general, que a gritos ha pedido que se les devuelva la tranquilidad a sus territorios, especialmente a los golpeados por grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Hoy hago pública esta delicada situación ante la Asamblea, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Policía Nacional y organismos internacionales. Hago responsable de mi integridad física y la de mi familia a quienes me acusan de injuria y calumnia”, manifestó la diputada.
Lo anterior, refiriéndose a las personas que presuntamente difundieron los audios en redes sociales, recalcando que, con ello, restringen su derecho a la movilidad en el ejercicio del proselitismo político electoral que se avecina.
