La ministra de Relaciones Exteriores dimitió tras el anuncio de un nuevo contrato con una empresa portuguesa para fabricar pasaportes, decisión que contradice la que ella había tomado días antes.
La canciller Laura Sarabia presentó su renuncia este jueves al Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de una controversia interna por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes.
Aunque en su carta no menciona directamente esta situación, su salida se produce apenas un día después de que el nuevo jefe de Gabinete de la Presidencia, Alfredo Saade, anunciara la firma de un nuevo contrato con una empresa portuguesa, desautorizando la decisión previa de Sarabia de prorrogar el convenio con Thomas Greg & Sons.
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“Mi renuncia es el resultado de una reflexión, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público”, expresó Sarabia en la carta dirigida al presidente Gustavo Petro.
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La ahora exministra, que asumió el cargo el pasado 25 de enero, agregó que su decisión obedece a una diferencia de fondo con el rumbo que está tomando el Ejecutivo:
“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”.
Aunque la carta fue enviada desde República Checa, donde se encontraba en visita oficial, su renuncia generó un inmediato remezón político en el Palacio de Nariño, sobre todo por las implicaciones que tiene en medio de la crisis que ya había cobrado el cargo del anterior canciller Álvaro Leyva.
La polémica por el contrato de pasaportes
El caso de los pasaportes ha sido uno de los escándalos administrativos más prolongados de la era Petro.
La polémica estalló a finales de 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva decidió frenar un proceso licitatorio ganado por la firma Thomas Greg & Sons, que desde hace 17 años venía produciendo estos documentos. Leyva alegó falta de libre competencia en la adjudicación.
A pesar de que el contrato original tenía aún tres años de vigencia, el Gobierno no llegó a un acuerdo con la empresa y esta demandó al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos (cerca de 29,3 millones de dólares), lo que encendió las alertas sobre posibles pérdidas fiscales.
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Tras la suspensión de Leyva y la llegada de Sarabia al cargo, la nueva canciller optó por prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes.
Sin embargo, esta decisión fue revertida sorpresivamente esta semana por Saade, quien anunció que se firmará un nuevo contrato con una empresa portuguesa, sin que se conocieran mayores detalles técnicos ni jurídicos del proceso.
