Congresistas de la bancada alternativa radicaron un proyecto de ley que intentará crear un “programa ampliado universal de inmunización contra el virus SARS-CoV-2”, que produce la enfermedad conocida como COVID-19. Los principios que regirán este programa, según se lee en el articulado, serán los de la gratuidad, la universalidad, la obligatoriedad para todos los habitantes del país, la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular, la disponibilidad pública del esquema de vacunación y la participación de los sectores de la salud para garantizar la cobertura.
También señala que se priorizará para la aplicación de la vacuna, aún no existente en el mundo, a la población que está más expuesta al contagio y cuyos efectos sobre la salud son más graves, esto es a las personas mayores de 70 años y a quienes tienen enfermedades preexistentes o comorbilidades que aumentan la letalidad de la COVID-19.
De igual manera, plantea una restricción de acceso al país a las personas que no estén vacunadas contra el virus. “Toda persona que ingrese al territorio nacional, deberá acreditar tener vigente la vacuna contra el al virus SARS-CoV-2 el cual es responsable de la enfermedad COVID-19. En caso de haberse vacunado en el exterior, la persona deberá concurrir a cualquier centro de salud dispuesto para ello, para la correspondiente acreditación”, señala el artículo octavo.
El proyecto radicado le impondrá al Gobierno Nacional la tarea de reglamentar las exigencias en cuanto a fabricación de vacunas parte de laboratorios particulares y el control de los precios, a la vez que se plantea la creación de programas que incentiven la fabricación y distribución de los esquemas de vacunación o tratamiento por parte de los laboratorios nacionales.
“Este proyecto de ley busca que la vacuna que contrarreste el Covid-19 sea un bien público, de acceso universal y gratuito. Para eso este proyecto tiene disposiciones que hacen viable ese fin”, comentó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, uno de los autores del proyecto.
Por su parte, la representante Ángela María Robledo, también de la oposición, manifestó respecto de la iniciativa: “Para nosotros es muy importante y así lo especificamos en el proyecto de ley es que el Gobierno avale en el presupuesto nacional las partidas necesarias para garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población en el país contra el COVID, sin olvidar las personas que están en las regiones más lejanas y olvidadas de nuestra geografía, las comunidades campesinas, indígenas, afro, los habitantes de calle, las trabajadoras domésticas, las personas en situación de prostitución, entre otras”.
