Miles de usuarios denuncian la falta de medicamentos y las demoras para agendar citas médicas, una problemática que agrava la crisis del sistema de salud en Colombia y pone en evidencia el impacto real de las millonarias deudas.
El Ministerio de Salud confirmó que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS), del régimen contributivo y subsidiado, acumulan una deuda de 32,9 billones de pesos con clínicas, hospitales, laboratorios y operadores farmacéuticos, según el informe más reciente de la Contraloría General de la República, esta cifra representa un aumento de casi 8 billones respecto a 2023, y evidencia un colapso financiero del modelo de intermediación vigente.
Este monumental pasivo ha generado retrasos en pagos, proliferación de tutelas y fallas en el suministro de tratamientos.
Lea aquí: Registraduría alista dos licitaciones para evitar fraude en las elecciones de 2026
El 73 % de la deuda se concentra en EPS que están en proceso de intervención, entre ellas la Nueva EPS, cuya intervención reveló ausencia de información financiera y un patrimonio negativo.
Aunque el presidente Gustavo Petro ha sugerido que la deuda real podría superar los 100 billones, sus argumentos se centran en ajustes por inflación desde los años noventa y la liquidación de EPS en mandatos anteriores. Sin embargo, ni la Contraloría ni la Supersalud han respaldado dicha cifra, y el Contralor General ha defendido los 32,9 billones como cifra oficial basada en los estados financieros de las EPS .
El Ministerio de Salud y la Supersalud insisten en que el Gobierno ha cumplido con los pagos, incluyendo transferencias por 87,8 billones en 2024, y que la deuda corresponde mayormente a decisiones administrativas de las EPS.
Aun así, la presión aumentó tras la orden de la Corte Constitucional de ajustar la Unidad por Pago por Capitación (UPC) y fortalecer los recursos destinados al sistema.
Sólo seis EPS cumplen los requisitos financieros establecidos capital mínimo, reservas técnicas y margen de solvencia, y las restantes operan en situación de alto riesgo, lo que podría comprometer el acceso a servicios esenciales por parte de millones de usuarios.
