En la noche del lunes, varios celebraron que la plenaria del Senado haya aprobado una de las normas por las cuales más han luchado algunos sectores en el país: que los funcionarios corruptos paguen sus penas en la cárcel y no en sus casas, como sucede en casi todos los casos. Sin embargo, algunos factores de trámite legislativo podrían echar al traste la nueva disposición.
La eliminación del beneficio de la casa por cárcel para los servidores y exservidores públicos que haya cometido delitos contra las finanzas de la Nación fue aprobada en el proyecto de ley que presentó la Fiscalía General de la Nación y que busca atacar este flagelo.
Esta idea estuvo presente en la consulta anticorrupción de agosto del año pasado y el Gobierno Nacional la retomó en septiembre e impulsó su incorporación a esa iniciativa.
Varios sondeos de opinión dan cuenta de que uno de los factores que más indigna a la ciudadanía es que no haya sanciones ejemplarizantes para quienes saquean los recursos públicos, sino que sus condenas, como se ha visto en varios casos, pueden ser pagadas en sus residencias, con todos los privilegios que esto conlleva.
Por eso senadores como Angélica Lozano, de los ‘verdes’ y promotora de la consulta anticorrupción, celebraron que el Senado haya avalado la norma, uno de los castigos más severos contra los llamados ‘ladrones de cuello blanco’.
Otros congresistas del ala de la oposición, como Gustavo Bolívar, también celebraron el hecho. “Por fin. Se acabó la casa por cárcel para los corruptos que se roban a Colombia. Del ahogado el sombrero. Es el único de los 7 proyectos anticorrupción que sobrevivió. #CorruptosALaCárcel”, escribió en su cuenta de Twitter.
Pese al júbilo inicial de varios sectores por la aprobación de la norma y a la esperanza en que su trámite concluya exitosamente en el Congreso, todo parece indicar que esta disposición está más muerta que viva.
El primer factor, el de la conciliación, es un paso que deben surtir los proyectos de ley y de reforma constitucional en varias ocasiones. Debe darse cuando los textos aprobados en Senado y Cámara son diferentes y se debe unificar uno solo para que salga adelante la norma.
Este paso se debe superar en el caso del proyecto de ley anticorrupción que presentó la Fiscalía General de la Nación y en el cual se incorporaron los artículos que eliminan la casa por cárcel para los funcionarios corruptos y que terminó de votarse el lunes en la noche, en el Senado.
Como el proyecto de ley comenzó su trámite en el Congreso por la Cámara de Representantes, las normas indican que el presidente de esa corporación debe fijar el número de conciliadores antes de que lo haga el Senado.El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, le dijo al diario El Tiempo que su “obligación” es “esperar a que llegue el texto completo del proyecto de ley que se aprobó en el Senado en la noche del lunes, incluidas las discusiones y las votaciones de los impedimentos que hubo en esa corporación”.
Hasta que ese texto completo no llegue a la Cámara, yo no puedo nombrar conciliadores porque no se sabe sobre qué iniciativa van a tratar de armonizar lo aprobado en las dos corporaciones
“Hasta que ese texto completo no llegue a la Cámara, yo no puedo nombrar conciliadores porque no se sabe sobre qué iniciativa van a tratar de armonizar lo aprobado en las dos corporaciones”, anunció Chacón, quien adelantó que, en todo caso, tiene pensado nombrar uno solo para que la discusión sea lo más ágil posible.
Todo este proceso, según los cálculos del Presidente de la Cámara, podría estarse surtiendo hasta este miércoles, cuando, en el mejor de los casos, estaría listo el texto conciliado, el cual debe anunciarse para el día siguiente para ser sometido a las plenarias de ambas corporaciones.
Aquí se presentaría un segundo inconveniente y es que este proyecto de ley se votó en la Cámara de Representantes entre julio de 2017 y junio de 2018, es decir en el congreso que terminó labores el pasado 20 de julio, lo que significa que no lo conocieron varios de los actuales miembros de la corporación.
Muchos de los representantes a la Cámara actuales no estuvieron durante la discusión y la votación de esa iniciativa lo que hace que, necesariamente, muchos de ellos vayan a presentar impedimentos o peticiones para separarse del debate antes de votar la conciliación de la iniciativa.
Estos recursos se presentan cuando el congresista considera que tiene algún conflicto de interés que le impide participar del trámite del proyecto. Y, adicionalmente, en la mente de muchos de ellos están las posibles denuncias por supuestas irregularidades que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones y que podrían terminar en su muerte política.
Cabe recordar que en el Senado, se declararon impedidos cerca de 80 de los 107 integrantes de esa corporación y que la votación de esos recursos tomó casi cinco sesiones.
En ese sentido, Chacón calcula que en la Cámara podrían ser unos 120 de los 171 representantes que tiene la corporación los que pidan separarse del debate. “Muchos porque no conocieron el texto, pero también los habrá por las modificaciones que se le hicieron en el Senado”, afirmó el congresista.
La dificultad de todo este trámite consiste en que las sesiones ordinarias del Congreso deben terminar, por ley, el próximo jueves, que sería el único día que tendría la Cámara de Representantes para evacuar los cerca de 120 impedimentos que prevé el presidente de esa corporación.
PASÓ POR LA CORTE
El segundo factor que amenaza la disposición es una posible revisión de la Corte Constitucional, la cual podría hacerse si hay una demanda contra la iniciativa.
Existe algo que se llama “el principio de consecutividad”, el cual significa que cuando hay modificaciones de fondo -como la incorporación de la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios corruptos-, estas deben haberse al menos discutido tanto en Senado como en Cámara, lo cual, en este caso no sucedió.
“Ese tema no se debatió en la Cámara de Representantes, ni en comisión ni en plenaria, y en esos casos es muy clara la jurisprudencia de la Corte Constitucional al decir que no se cumple con el principio de consecutividad y, por ello, ese artículo en particular no tiene futuro”, afirmó el expresidente del Congreso y senador liberal, Luis Fernando Velasco.
Esa tesis la compartió el Presidente de la Cámara de Representantes, quien confirmó que la eliminación de ese beneficio no se discutió en la corporación. “La Corte podría terminar excluyendo esa disposición del proyecto de ley”, afirmó Chacón.
Esto significa que así se logren votar los impedimentos en la Cámara de Representantes y la iniciativa supere su paso por el Congreso, la Corte Constitucional tendría la última palabra para la incorporación de este castigo a los servidores y exservidores corruptos, la cual, al parecer, está más muerta que vida.
