Adoptar medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social o económica, fue lo que pidió la Procuraduría este miércoles.
La solicitud la hizo el procurador Fernando Carrillo a través de la Directiva 001 del 2020, en donde pidió la activación del Centro Integrado de Información (CII), para articular los datos de inteligencia y generar los mecanismos de apoyo a las investigaciones judiciales por amenazas y homicidios contra excombatientes de las FARC y recomendó el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en las zonas con presencia de grupos significativos de reincorporados.
Del mismo modo, exhortó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a agilizar los tiempos de evaluación, respuesta e implementación de las medidas de protección, y garantizar en sus procedimientos la atención con enfoque de género, que contemple acciones diferenciadas para atender los riesgos particulares que enfrentan las mujeres.
La misiva llama la atención para que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, avance en el diseño y seguimiento de políticas que permitan el desmantelamiento de las organizaciones ilegales responsables de homicidios y masacres de defensores de derechos humanos, miembros de movimientos sociales o políticos y personas que participan en la implementación del Acuerdo de Paz.
Carrillo Flórez pidió a los gobernadores y alcaldes tener en cuenta a la población objeto de la Directiva como sujeto de atención en la formulación de los planes integrales de prevención, para incorporar medidas que garanticen sus derechos a la vida e integridad personal.
Advirtió que todos los servidores públicos, en cumplimiento de sus funciones y deberes legales, deben respetar y garantizar el desarrollo de los procesos de reincorporación de los excombatientes de las FARC, y en consecuencia abstenerse de realizar cualquier conducta que los estigmatice, hostigue o deslegitime.
Con la expedición de esta Directiva, el Procurador General reafirmó el compromiso de la entidad con la prevención, protección y garantía de los derechos humanos, principalmente a la vida e integridad de esta población que adelanta su proceso de reincorporación política, social y económica.
Tomado de El Universal
