La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho adelantar medidas tendientes a garantizar la salud y la vida de más de 190.000 ciudadanos privados de la libertad.
En desarrollo de una acción preventiva adelantada por el Ministerio Público se estableció que, entre 2018 y abril de 2019, este censo ha presentado 5.795 acciones de tutela contra el Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y los centros de reclusión para reclamar servicios de salud.
También se evidenció que las mayores peticiones elevadas a través del mecanismo constitucional para la protección de derechos estuvieron relacionadas con citas médicas especializadas (46,87%), tratamientos (18,61%) y procedimientos quirúrgicos (11,88%).
El ente de control identificó, además, que solo el 67,7% de las citas médicas solicitadas son asignadas y, de éstas, sólo el 47% son atendidas.
Según las cifras reportadas, los 5 departamentos con un porcentaje de mayor variación en las acciones de tutela interpuestas contra los establecimientos penitenciarios son Cundinamarca (109,52%), Norte de Santander (93,18%), Meta (86,10%), Santander (80,85%) y Nariño (78,57%).
En la carta enviada a la ministra Margarita Cabello Blanco, la Procuraduría señaló que es imperioso adelantar un proceso de caracterización que permita atender de manera integral a la población privada de la libertad, e identificar el número de personas que se encuentran enfermas, las razones, lugares y periodos en los que se han presentado síntomas y patologías.
Así mismo, requirió acciones que permitan implementar programas de salud mental, salud de la mujer, pediatría y enfermedades de transmisión sexual para cubrir las necesidades de dicha población.
El Ministerio Público alertó sobre la posible desarticulación entre las entidades que deben prestar los servicios de salud, las administraciones del INPEC y la USPEC, lo que estaría generando dificultades en el ejercicio de estos derechos.
El órgano de control hizo un llamado al Gobierno Nacional para que ponga en marcha un proyecto que resuelva de manera definitiva el modelo de atención de la población privada de la libertad.
Para la Procuraduría los altos registros de PQRD y tutelas contra las entidades del ámbito penitenciario son indicadores que podrían demostrar las dificultades para garantizar el derecho constitucional a la salud, desconociendo al parecer lo previsto en la Ley 1709 de 2014.
