El ente investigador indicó que, en varias ocasiones, sobre el peligro que representaba esta estructura artesanal para los niños que a diario la cruzaban camino al colegio.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo Omar, un informe detallando las acciones que se venían adelantando por los diferentes despachos de esa administración departamental y a la alcaldía de Guamal, para intervenir la estructura del puente colapsado el pasado 15 de marzo entre los corregimientos de Pajaral y Guaimar de ese municipio insular, ubicado en la región conocida como la Depresión Momposina.
“Le solicito se envíe a esta Procuraduría Provincial un informe en el que se detalle las acciones adelantadas por sus despachos o secretarios de sus gabinetes para darle solución a esta problemática y se fije de manera coordinada una reunión a efectos de que se reactive y/o conforme el espacio de diálogo y concertación señalado por la Corte Constitucional para encontrar la solución definitiva a esta situación”. Asegura en su comunicación la procuradora provincial de El Banco, Maryoly Mejía Pérez.
El colapso de esa estructura artesanal, construida por miembros de las comunidades para que los niños pudieran cruzar entre las pequeñas islas que conforman esta región, con el fin de llegar a la escuela, se veía venir.
En 2019 la comunidad interpuso una acción de tutela pidiendo amparar el derecho a la de accesibilidad a la educación de estos menores estudiantes, revisada y fallada a favor por la Corte Constitucional en 2021.
A pesar de las órdenes dadas por ese alto tribunal a las entidades gubernamentales, regionales y locales, para subsanar las fallas estructurales y garantizar así el acceso seguro de los niños, no han tomado medidas concretas frente a esta problemática y el puente se derrumbó el pasado 15 de marzo, mientras 25 estudiantes de primaria que lo atravesaban cayeron al agua y estuvieron en peligro de muerte. Fueron los mismos miembros de la comunidad que han dado esa pelea jurídica hasta ahora infructuosas, quienes se lanzaron al rescate.
Además del informe, que la gobernación deberá entregar en un plazo máximo de 10 días hábiles, la Procuraduría ha pedido citar una mesa de trabajo para reactivar con urgencia los trámites y acciones necesarios para cumplir de una vez por todas con la reparación del puente.
