Los mandatarios deberán concordar los mapas de gestión del riesgo con los planes de ordenamiento territorial.
Un mensaje de urgencia envió la Procuraduría General de la Nación a los mandatarios de 12 municipios del Tolima para que formulen y concreten los respectivos mapas de gestión del riesgo de desastres, ante la reciente declaratoria de alerta naranja por la actividad variable del volcán Nevado del Ruíz.
En su oficio, señaló que, según el gobernador del departamento, solo tres municipios han cumplido con la elaboración del mapa: Rioblanco, Villarrica y parcialmente Ibagué. De lo que se deduce que Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo, podrían eventualmente estar incursos en una omisión de un deber legal.
El ente de control manifestó que este documento, que contiene el plan, las estrategias y acciones para la respuesta a emergencias, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuestas departamentales y nacionales, deberá concordar con los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas, de desarrollo municipal y demás herramientas de planificación del desarrollo.
Asimismo, puntualizó que en caso de que el municipio cuente con el mapa de gestión del riesgo de desastres, deberá revisarlo o actualizarlo, ponerlo en conocimiento de la administración departamental e informar esta actuación a la Procuraduría con miras a fortalecer los planes de acción.
Finalmente, la Entidad recordó en su comunicación que como conductor del desarrollo local, el alcalde es “el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué precisó que esta actuación preventiva no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas.
