A pocos días de que finalice el año, pide celeridad en las acciones necesarias para evitar retrasos e irregularidades.
La Procuraduría General de la Nación, en la vigilancia preventiva al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y con el fin de anticiparse a la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, instó a la Gobernación de Magdalena, a remitir las respuestas a las observaciones realizadas por la Procuraduría frente a los procesos contractuales que adelanta el ente territorial para la ejecución del programa de alimentación en el departamento para la vigencia 2023.
En la solicitud enviada a la Secretaria General de Gobierno y al Jefe de la Oficina PAE de la Gobernación del Magdalena, el ente de control pide sean respondidas las observaciones contractuales referidas, en las que se requiere información sobre la experiencia de los oferentes, los perfiles de los coordinadores, los indicadores financieros, cronogramas de ejecución, la gestión ambiental, la logística de almacenamiento y transporte, entre otros.
El ente de control reiteró que la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, debe ser garantizada desde el primer día de clases de manera oportuna y de calidad durante todo el calendario académico del próximo año y en todo el territorio nacional, exhortando a gobernadores y alcaldes a actuar de acuerdo con la Directiva No. 019 del 1 de noviembre de 2022, expedida por el Ministerio Público.
La Procuraduría insistió en que continuará avanzando con las acciones preventivas correspondientes en la garantía del cumplimiento de derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, relacionados con la educación y la alimentación equilibrada de la población beneficiada.
Asimismo, a través de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva y de Control de Gestión, el Ministerio Público precisó que, las observaciones realizadas a los entes territoriales se realizan en el marco de su función preventiva, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública, lo que no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas.
