2.000 personas por día es la capacidad permitida por el Ministerio, sin embargo, al inicio de este año se presentó un flujo desmedido en el área.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las entidades con competencia en el Parque Nacional Natural Tayrona para que se tomen medidas que permitan enfrentar la problemática ambiental por la que atraviesa la playa de Bahía Concha.
El llamado se genera por las fallas que se presenta en la capacidad de carga y con el manejo inadecuado de residuos sólidos.
En carta enviada al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón; a los directores de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda Londoño y de la Dirección General Marítima (Dimar), almirante Mario Germán Rodríguez Viera; al capital del Puerto de Santa Marta, Juan Pablo Huertas Cuevas; al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Verdugo, el Ministerio Público urgió por el cumplimiento del Plan Maestro de Protección del Parque Nacional Natural Tayrona.
Este plan maestro contempla las medidas tendientes a promover acciones de investigación, protección y conservación de la biodiversidad del sector, y a mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas marinos y terrestres del parque.
Con estas medidas se busca evaluar el impacto del uso turístico en la calidad de las playas del PNN Tayrona relacionadas con la calidad del agua y arenas, y la dinámica turística (residuos y personas), incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos, y realizar un análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas al interior del parque.
La Procuraduría mostró su preocupación por la debilidad en las medidas adoptadas por las entidades competentes para controlar el ingreso de turistas a Bahía Concha. De acuerdo con la Resolución 0234 de 2004 del Ministerio de Ambiente la capacidad de carga máxima para este sector es de 2.000 personas al día, sin embargo, los primeros días de 2019 se presentó un flujo desmedido de personal al interior del área protegida que supera esa cantidad.
“Es preciso advertir que el uso público de las áreas protegidas se canaliza a través de instrumentos técnicos de ordenamiento y la capacidad de carga antropogénica establecidas en el marco normativo vigente, lo cual permite determinar cuántas personas pueden estar en un área sin generar un deterioro del ecosistema o amenazas a los objetos prioritarios de la conservación del parque natural, así como las actividades permitidas en el mismo”, reza el documento de la Procuraduría General en su portal web.
El ente advirtió que las medidas adoptadas no pueden tener “carácter transitorio y coyuntural” y pidió un informe trimestral de las acciones adelantadas en la protección del parque natural.
Desde Bogotá se exigió de manera imperativa a las autoridades competentes ejercer las funciones asignadas por la Constitución, la ley y los fallos judiciales frente a la protección del Parque Nacional Natural Tayrona, y hacer cumplir los actos administrativos que contienen la zonificación del parque, su régimen de usos y actividades y el Plan Maestro de Protección del mismo.
