La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por un periodo de diez años a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, tras ser hallada responsable de agredir a un ciudadano durante un procedimiento policial en el humedal Juan Amarillo, localidad de Suba, en Bogotá.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre de 2024, cuando la uniformada golpeó en el rostro con su bastón a Juan Sebastián Nova, acción que fue calificada por el Ministerio Público como un abuso de autoridad. El suceso fue registrado en video por un testigo y difundido en redes sociales, lo que permitió la apertura de una investigación disciplinaria.
En su fallo de primera instancia, la Procuraduría concluyó que la conducta de la patrullera fue gravísima, al considerar que excedió los límites del uso legítimo de la fuerza y vulneró principios como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad en el actuar policial.
Durante el proceso, Pérez Romero aseguró que el golpe fue accidental y alegó haber sido víctima de extorsión por parte del joven agredido, quien —según su versión— le habría exigido dinero a cambio de no publicar el video. Sin embargo, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento desestimó estos argumentos y mantuvo la sanción.
La decisión se suma a una investigación penal que actualmente adelanta la Fiscalía Penal Militar, con el fin de determinar posibles responsabilidades adicionales en el ámbito penal.
El caso ha generado debate en la opinión pública sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la Policía Nacional.
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