El enfrentamiento entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de Colombia se intensifica por la intención del Ejecutivo de convocar una consulta popular mediante decreto, tras el rechazo del Senado el 14 de mayo de 2025.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó al Legislativo, liderado por Efraín Cepeda, de incurrir en “irregularidades, fraudes y jugaditas” durante la votación que archivó la iniciativa, que buscaba someter al pueblo 12 preguntas sobre derechos laborales.
Según Benedetti, la falta de lectura de la proposición, exigida por la Ley Quinta de 1992, invalida el proceso, permitiendo al presidente Petro avanzar con un decreto antes del 12 de junio.
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Cepeda, presidente del Senado, calificó esta maniobra como un “exabrupto” y un “golpe” contra la separación de poderes, asegurando que la votación fue legítima (49 votos contra 47) y que la Registraduría no avalaría una consulta “espuria”. Advirtió que, de concretarse el decreto, el Congreso recurrirá al Consejo de Estado para proteger la institucionalidad.
Benedetti, respaldado por dos expresidentes de la Corte Constitucional, insiste en que las supuestas irregularidades justifican la acción del Gobierno, que busca garantizar la participación ciudadana.
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Igualmente, el ministro defendió la consulta como un mecanismo para restaurar derechos laborales, mientras Cepeda acusa al Ejecutivo de usar la iniciativa con fines políticos.
