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Por tutela de la Procuraduría, juez le ordenó a la Gobernación del Magdalena reactivar el PAE

El juez concedió la medida provisional solicitada por el Ministerio Público, en defensa de los derechos fundamentales de los niños.

Por acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta ordenó a la Gobernación del Magdalena adelantar de manera inmediata todas las gestiones y actuaciones administrativas necesarias para reactivar la prestación del PAE.

Con este programa de alimentación escolar se benefician 135.000 estudiantes del Magdalena.

El juez de tutela concedió la medida provisional solicitada por el Ministerio Público en defensa de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes del área urbana y rural dispersa de los municipios no certificados del departamento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el pasado mes de julio inició el calendario escolar para el segundo semestre del año y, desde entonces, no se han entregado las raciones del PAE.

En la acción de tutela, el Ministerio Público advirtió que la falta de soluciones efectivas por parte de los mandatarios territoriales del departamento, para garantizar la continuidad en la entrega de las raciones a los beneficiarios del programa, se vulneran los derechos a la educación, a la salud y a la alimentación equilibrada de los menores.

Gobernación solicitó reunión con el Ocad

Tras conocerse la medida provisional adoptada por un juzgado de Santa Marta, el gobernador Carlos Caicedo, solicitó una reunión urgente del Ocad Caribe.

Asimismo y a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, José Humberto Torres, la administración departamental requirió al Juez Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, proceder a  desvincular a la administración departamental del trámite de la acción de tutela presentada por la Procuraduría.

Esto debido a que no existe ningún hecho u omisión atribuible al Ente Departamental, frente a quien pueda predicarse una afectación de los derechos fundamentales invocados por el Ministerio Público .

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