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Santa Marta

¡Por incumplir el ‘Pacto por el agua’! Procuraduría abre indagación contra el alcalde Rafael Martínez

Entre los señalados por el Ministerio Público están la gerencia del Essmar, el Secretario Jurídico, los concejales y el asegurado alcalde Rafael Martínez.

Un incidente de desacato y una indagación disciplinaria son las nuevas olas turbias con las que tendrá que nadar el alcalde Rafael Martínez, según confirmó el procurador Fernando Carrillo, al parecer por incumplir los acuerdos del ‘Pacto por el agua’.

El acuerdo firmado el pasado 31 de octubre, en el que el Distrito se priorizará la inversión pública de saneamiento ambiental; además de establecer un sistema de monitoreo de la calidad del agua; y optimizar los sistemas de bombeo de las estaciones de agua residuales.

“Uno de los elementos que fue esencial en ese pacto fue precisamente que las responsabilidades en materia destinación de recursos tenía que irse prioritariamente a los temas del agua”, manifestó el Procurador General de la Nación.

Tal parece que los pactos no fueron cumplidos, por lo que el Procurador, además de presentar un incidente de desacato contra el Alcalde hoy asegurado con prisión domiciliaria y la gerencia del Essmar a cargo de Ingrid Aguirre.

Además el jefe del Ministerio Público reveló que se inició una indagación disciplinaria contra los concejales, el Secretario Jurídico, la Esmmar y el alcalde Rafael Martínez.

De otro lado se indicó que se interpuso una demanda contra el acuerdo distrital que compromete vigencias futuras por 900.000 millones de pesos equivalentes a 1.600.000 millones durante 30 años, “en la que se solicitó al Juez Séptimo Administrativo, medidas cautelares de urgencia y de suspensión provisional del acuerdo por violación del ordenamiento legal, y hemos solicitado respetuosamente al Juez, su pronto pronunciamiento para efectos de evitar un detrimento al erario público”.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, manifestó que el incidente de desacato se presenta “por el incumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por el tribunal administrativo del Magdalena dentro de la acción popular que busca la priorización de la inversión pública de conformidad con el pacto por el agua”.

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