Durante visita al departamento, para dar alcance a la sentencia T-302.
La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, dialogó con comunidades indígenas de La Guajira sobre el cumplimiento de la sentencia T-302.
Allí, tras saludar a las comunidades, felicitó a la comunidad Wuayúu por interpelar al Estado colombiano, a través de estas acciones a nivel del Sistema Interamericano, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, “por una injusticia inaceptable, como la mortalidad por desnutrición infantil”.
Asimismo, señaló que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha venido haciendo un trabajo de concertación, entendiendo que esta labor debe ser a través de un diálogo genuino.
“Detener la mortalidad por desnutrición infantil no se puede hacer por fuera del sistema de creencias, capacidades y acumulados, que tiene el pueblo Wuayúu en materia de prestación de servicios, de atención primaria en salud, de prevención y promoción”, manifestó la ministra.
En ese sentido, precisó que ya se ha avanzado en unos acuerdos preliminares. Y planteó otros que se pueden hacer desde el Ministerio, coordinados con el PAE, y con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).
“Esta es una oportunidad que se nos presenta para implementar en La Guajira el modelo de salud preventiva, porque la Corte Constitucional nos está exigiendo tener una caracterización de cuál es la situación nutricional de todos los niños y niñas de La Guajira”, planteó la jefa de la cartera de Salud.
Concertación, clave
De igual manera, destacó que ese es un asunto en el que se tiene que trabajar desde ya, con búsqueda activa, en el territorio.
“Frente a eso ya hemos avanzado en una propuesta conjunta con 69 equipos que hemos acordado con los voceros y hemos estado conversando con las distintas mesas de concertación de la sociedad civil”, aseguró.
Esto, con el objetivo de contar con unos promotores de salud y gestores de la propia comunidad Wuayúu, que ayuden a hacer esa caracterización en el territorio, pero además que esto pueda canalizarse a través de auxiliares de enfermería, nutricionistas, pediatras y ginecólogos.
“Ese es un primer modelo acordado con los referentes de la sociedad civil, que tendríamos que armonizar con la propuesta de la Gobernación, de 26 equipos. Nada hacemos si logramos esa detección de los niños y niñas y el sistema de salud les hace el paseo de la muerte, no los atiende”, cuestionó la ministra.
De igual manera, destacó que a través de la Superintendencia de Salud se puede intervenir “para que, ante la detección del niño, las EPS sean obligadas de manera inmediata a darle traslado”.
