La Fuerza Pública en Colombia atraviesa una alarmante escalada de violencia tras el recrudecimiento del llamado “plan pistola” promovido por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN. Solo en abril de 2025, 31 policías y militares fueron asesinados en distintas regiones del país, cifra que se suma a los 41 homicidios registrados entre enero y marzo, según el Ministerio de Defensa.
Carlos Soler, coronel retirado y asesor en seguridad y defensa nacional, explicó que estas acciones responden a una estrategia de bajo costo que busca intimidar a las autoridades y generar percepción de control territorial por parte de los grupos ilegales. “Con estos ataques buscan demostrar poder, debilitar la moral institucional y forzar posibles negociaciones o ceses al fuego”, señaló el experto.
Ante esta crítica situación, el Gobierno ha anunciado el fortalecimiento de medidas de protección para los uniformados, incluyendo mayores controles de inteligencia, rotación de patrullajes, uso de tecnología de vigilancia y patrullajes combinados en zonas de alto riesgo. Las autoridades también hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas y cooperar con las labores de seguridad.
Las recientes muertes han generado preocupación y rechazo en distintos sectores del país, al tiempo que reabren el debate sobre la necesidad de replantear las estrategias frente a la criminalidad organizada. Mientras tanto, las fuerzas militares y de policía se mantienen en máxima alerta para evitar que se repitan hechos similares en los próximos meses.
