Al menos 5 mil mujeres con sentencias por delitos como microtráfico y hurto se beneficiarán de esta norma.
La reforma a la justicia se visibiliza cada vez más. Este miércoles, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que sustituye las penas de cárcel para madres cabeza de familia que estén en condiciones de marginalidad con el fin de que puedan quedar en libertad para hacerse cargo de sus hijos.
Con esta sanción, cerca de 5 mil mujeres reclusas se verán beneficiadas en el marco del proyecto de resocialización de reclusos y prevención de la delincuencia generacional.
Por consiguiente, el objetivo de la ley, que será reglamentada en un plazo de seis meses, es que las madres privadas de la libertad se puedan reencontrar con sus hijos menores de edad, acompañar sus procesos de formación y evitar que el ciclo de delincuencia se reproduzca.
“Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos, en el futuro, se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”: afirmó el presidente durante el evento en el que también se posesionó la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara, en Quibdó.
De acuerdo con lo señalado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, “el objetivo de esta ley es que los jueces sustituyan las condenas e impongan la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan la comunidad en la reconstrucción del tejido social que se afectó por la comisión del delito”.
Asimismo, el jefe de Estado aseguró que con esta ley se permite la mejora de los beneficios jurídicos de las mujeres con el trabajo y la incersión a la renta ciudadana.
Esta norma ya había pasado a sanción presidencial desde julio de 2021, pero tuvo que pasar por revisión de la Corte Constitucional por unas objeciones que fueron rechazadas en la sentencia C-256 del 6 de julio de 2022. Luego, el texto fue devuelto a la Cámara de Representantes para remitirla, finalmente, a Presidencia.
Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay unas 17.000 mujeres privadas de la libertad, una cifra que ha crecido un 400 por ciento en los últimos 20 años.
