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Petro sale en defensa del alza salarial y niega que el aumento del mínimo dispare la inflación

En una intervención nocturna, el mandatario descartó que el incremento tenga efectos inflacionarios y aseguró que los datos oficiales respaldan la medida.

El presidente Gustavo Petro volvió a cerrar filas en defensa del decreto que elevó el salario mínimo en un 23,7 % para 2026, una decisión que enfrenta acciones judiciales y críticas desde distintos sectores económicos.

Durante un mensaje más breve de lo habitual, Petro cuestionó la narrativa que asocia el aumento del salario mínimo con el encarecimiento del costo de vida. Sostuvo que, en especial en el caso de los alimentos, no se evidencia un alza significativa de precios que pueda atribuirse directamente a la mejora en los ingresos de los trabajadores.

El jefe de Estado reiteró que el salario mínimo vital decretado para 2026 no ha generado presiones inflacionarias y, por el contrario, afirmó que los indicadores muestran estabilidad e incluso reducción en algunos costos clave de la economía. A su juicio, los cuestionamientos buscan profundizar divisiones sociales y mantener bajos los ingresos de los sectores más vulnerables.

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Petro subrayó que, desde el inicio de su administración, el salario mínimo real ha crecido cerca de un 18 %, sin que ese aumento se haya trasladado de manera automática a los precios. Como argumento, expuso el comportamiento del Índice de Precios al Productor, que refleja los costos de producción de bienes y servicios en el país y que, según los datos oficiales, registró una variación negativa entre finales de 2024 y 2025.

De acuerdo con el mandatario, la reducción en los costos de producción y la estabilidad en los precios explican la desaceleración de la inflación, aun en un contexto de mayor inversión en los ingresos de los trabajadores con menores salarios. En ese sentido, insistió en que el fortalecimiento del poder adquisitivo no es incompatible con la estabilidad económica.

El pronunciamiento del presidente se da en medio del debate jurídico y político por el decreto salarial, mientras el Gobierno mantiene su postura de que el aumento del mínimo es una herramienta clave para mejorar las condiciones de vida y reducir las brechas sociales en el país.

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