La medida entrará en vigor desde el año 2025, marcando un cambio en la estrategia publicitaria estatal.
Las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional deberán destinar un 33,3% de los recursos de sus Planes de Medios y Comunicaciones a medios alternativos y comunitarios. Esta medida busca fortalecer la difusión de información oficial, campañas institucionales y contenido social a través de plataformas como la radiodifusión sonora comunitaria, televisión comunitaria, medios digitales y nuevas tecnologías.
Según la directiva presidencial, la implementación estará sujeta a las disponibilidades presupuestales y se aplicará en cumplimiento del Estatuto de Contratación Pública y las normas de austeridad contempladas en el Decreto 199 de 2024 o en sus futuras modificaciones.
El Gobierno espera que esta iniciativa refuerce la inclusión de medios no tradicionales en la comunicación estatal, promoviendo una mayor diversidad y alcance en la divulgación de información pública.
