El presidente Gustavo Petro exhibió el nuevo documento durante las marchas convocadas por el Gobierno y aseguró que su producción ya está en marcha bajo control estatal. Además, cuestionó a la empresa Thomas Greg & Sons y advirtió riesgos para la transparencia electoral.
Durante su intervención en la Plaza de Bolívar, el presidente sorprendió al público al mostrar oficialmente el nuevo pasaporte colombiano, afirmando que su administración logró concretar el proyecto pese a las críticas que, según dijo, anticipaban que no sería posible.
El mandatario explicó que el diseño del documento incluye elementos representativos del país como mariposas amarillas, instrumentos musicales tradicionales, paisajes y escenas cotidianas que buscan resaltar la identidad nacional. Lo describió como un símbolo de Colombia y aseguró que ya superó las evaluaciones internacionales correspondientes.
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Petro indicó que el nuevo modelo no obliga a los ciudadanos a cambiar de inmediato el pasaporte vigente. Quienes ya lo tengan podrán usarlo hasta su vencimiento. Las nuevas expediciones y renovaciones, en adelante, se realizarán con el nuevo formato.
También informó que las máquinas para su fabricación ya están instaladas en el país y que la producción inicial contempla la entrega de 50.000 pasaportes hasta abril. La base de datos, señaló, quedará bajo custodia de la Imprenta Nacional de Colombia, con el objetivo de que la información sea administrada directamente por el Estado.
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Señalamientos contra empresa privada y advertencias electorales
En el mismo escenario, el jefe de Estado lanzó cuestionamientos contra la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia, que anteriormente manejaba la producción de pasaportes y mantiene contratos relacionados con documentos de identificación.
Petro aseguró que la concentración de bases de datos en manos de una sola compañía privada podría representar riesgos, especialmente si esa misma empresa participa en procesos vinculados al cómputo electoral. Según afirmó, impedir que continuara la fabricación de pasaportes generó demandas en su contra.
El mandatario también hizo referencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que la contratación de servicios tecnológicos debe garantizar que la información personal y biométrica de los ciudadanos permanezca bajo control público.


