El expresidente cuestionó la actuación del alto tribunal frente al salario mínimo de 2026 y llamó a los trabajadores a salir a las calles y avanzar hacia una “huelga general”. Sin embargo, el Consejo de Estado todavía no ha eliminado el aumento: el proceso de fondo sigue pendiente.
El expresidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X a la controversia jurídica alrededor del salario mínimo de 2026 y lanzó fuertes críticas contra el Consejo de Estado, al que acusó de actuar como una “oficina de la Casa de Nariño”.
En su publicación, Petro sostuvo que una eventual decisión contra el denominado salario mínimo vital afectaría el ingreso de los trabajadores y tendría consecuencias sobre el consumo y la economía nacional. También cuestionó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y calificó la situación como una disputa que, a su juicio, afecta al “pueblo trabajador”.
El aumento todavía está vigente
Aunque Petro afirmó que el Consejo de Estado habría “revocado” el salario mínimo vital, la situación jurídica es diferente. El Consejo de Estado revocó en julio la suspensión provisional que había recaído sobre el Decreto 1469 de 2025, por lo que el aumento del salario mínimo de 2026 volvió a quedar vigente. La discusión sobre su legalidad todavía no tiene una decisión definitiva. www.vanguardia.com
El salario mínimo establecido para 2026 quedó en $1.750.905, correspondiente a un incremento del 23 % frente al año anterior. El proceso judicial continúa y el Consejo de Estado deberá determinar si el decreto se ajustó a los criterios legales utilizados para establecer el aumento. Sidn Ramajudicial
Petro llama a movilizarse
En su mensaje, Petro fue más allá de la crítica judicial y convocó a trabajadores de distintos sectores a movilizarse. El exmandatario pidió a las centrales obreras y a los trabajadores “moverse” y planteó avanzar hacia una “huelga general” y el denominado “poder constituyente del pueblo”.
También afirmó que la eventual eliminación del salario mínimo vital representaría un riesgo para la clase media y para los trabajadores, y responsabilizó políticamente al Gobierno actual y al Consejo de Estado por lo que considera una amenaza para los ingresos laborales.
Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Petro en su cuenta de X y no constituyen por sí mismas una decisión judicial ni una conclusión sobre los efectos económicos de la controversia.
La discusión de fondo sigue abierta
El Consejo de Estado cerró recientemente la etapa de pruebas dentro del proceso que estudia la legalidad del decreto. Entre los asuntos que deberá analizar están los criterios económicos utilizados para fijar el incremento, como inflación, productividad, crecimiento del PIB y capacidad de pago del aparato productivo, además del papel del concepto de salario vital.
