La salida de Rafael Martínez abrió un pulso político entre Fuerza Ciudadana y el Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro deberá decidir si acoge la terna enviada por Carlos Caicedo o si nombra a un funcionario de confianza.
La destitución de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena, por doble militancia, no solo dejó un vacío en el poder departamental, sino que encendió un pulso político que pone frente a frente al movimiento Fuerza Ciudadana y al Gobierno Nacional.
El exgobernador Carlos Caicedo, líder de esa colectividad, envió al presidente Gustavo Petro una terna conformada por tres funcionarias cercanas a Martínez: Ingris Padilla, actual secretaria del Interior y gobernadora encargada desde su salida; Denis Rangel Lozano, secretaria de Hacienda; y Jenny Camacho, jefe de la Oficina de Contratación. El caicedismo espera que el jefe de Estado elija a una de ellas, lo que sería interpretado como un gesto de respaldo a su proyecto político, que sigue teniendo gran influencia en el departamento.
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Pero la decisión está lejos de ser simple. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que hay una duda jurídica: Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica, por lo que no está claro si el presidente está obligado a respetar la terna enviada por Caicedo. El Gobierno espera un concepto del Consejo de Estado que aclare si la designación debe recaer en una de esas tres candidatas o si Petro puede nombrar a un funcionario de su confianza.
En el trasfondo, lo que está en juego es mucho más que un encargo temporal. La decisión del presidente podría significar un acercamiento o un distanciamiento del caicedismo, con efectos directos en la gobernabilidad del Magdalena y en las alianzas políticas de cara a las elecciones atípicas que deberán convocarse en los próximos meses.
La tensión crece a medida que pasan los días y el departamento permanece a la expectativa. El futuro político inmediato del Magdalena depende de una decisión que, además de resolver el vacío de poder, enviará un mensaje contundente sobre la relación entre el Gobierno Nacional y el grupo político que ha controlado la Gobernación en los últimos años.
