Juez negó medida cautelar solicitada para apartarlo del camposanto, aunque fue imputado por tres delitos.
El padre Hernando Fajid Álvarez Yacub, quien administra el Cementerio San Miguel de Santa Marta desde hace más de 17 años, continuará al frente del camposanto, luego de que un juez le negara una medida cautelar que pretendía prohibirle el ingreso al lugar, la solicitud fue hecha por la Fundación Juan Pablo II, en medio de un litigio por el control administrativo del cementerio.
La audiencia, realizada este miércoles a petición de la Fiscalía General de la Nación, fue presidida por el juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías, durante la diligencia, el sacerdote fue imputado por los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos.
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A pesar de la gravedad de los cargos, el juez negó la petición de impedirle el ingreso al cementerio, argumentando falta de pruebas suficientes y dudas sobre la verdadera titularidad del camposanto, la decisión fue apelada por la parte demandante y deberá resolverse en segunda instancia.
El proceso tiene como origen la intención de la Diócesis de Santa Marta de retirar al padre Fajid de la administración del Cementerio San Miguel; sin embargo, el sacerdote se declaró en rebeldía, lo que derivó en una disputa legal con la Fundación Juan Pablo II, entidad que reclama la administración del predio.
“El juez negó la medida cautelar, pero conseguimos que se le imputaran los cargos, lo que ya lo vincula formalmente a un proceso penal que deberá enfrentar en juicio”, explicó Diego Duque Zuluaga, abogado de la Fundación.
Por su parte, el padre Fajid, aunque no quiso referirse a los delitos imputados, celebró que podrá seguir ingresando al cementerio. “Seguiré al frente de la administración del Cementerio San Miguel”, afirmó.
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Ahora, el proceso entra en una nueva etapa, mientras se define en segunda instancia la medida cautelar pendiente y se avanza hacia un juicio penal donde el prelado deberá responder por los tres delitos que le atribuye la Fiscalía.
