La candidata presidencial aseguró que, según información obtenida mediante derechos de petición, el jefe de disidencias habría operado sin confrontación directa, en medio de ceses al fuego y designación de voceros por parte del Gobierno.
La candidata presidencial Paloma Valencia lanzó nuevos cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno nacional, al señalar que durante más de dos años no se habrían adelantado operaciones ofensivas contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, jefe de una estructura de disidencias de las Farc.
De acuerdo con la aspirante, la información fue obtenida a través de derechos de petición dirigidos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en los que —según su interpretación— se evidencia que el cabecilla habría permanecido 733 días sin acciones militares directas en su contra, en el marco de la estrategia de “paz total”.
Valencia sostuvo que este escenario se da en paralelo con distintos ceses al fuego pactados con grupos armados ilegales. Entre ellos mencionó periodos con el ELN, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, el Ejército Gaitanista y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
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Según lo expuesto por la campaña de la candidata, en los documentos también se hace referencia a la designación de más de un centenar de voceros o representantes de organizaciones armadas, lo que —a su juicio— habría limitado la capacidad de acción de la fuerza pública en determinados contextos.
En sus declaraciones, Valencia planteó además que estas condiciones habrían facilitado el fortalecimiento de estructuras ilegales, incluyendo el aumento de integrantes y posibles riesgos de infiltración en entidades del Estado.
Las afirmaciones se dan en medio del debate nacional sobre los alcances y resultados de la política de “paz total”, impulsada por el Gobierno, que busca negociar con distintos actores armados en el país.
