Un juez, la Fiscalía y el CTI inspeccionaron el Cementerio San Miguel mientras el sacerdote acusado de fraude y apropiación seguía dentro del lugar, incluso realizando una misa en plena diligencia.
Lo que durante años fue un lugar de silencio y despedidas, hoy es el epicentro de una batalla judicial que ha puesto bajo la lupa al sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub. La mañana de este jueves, el histórico Cementerio San Miguel fue escenario de una inspección judicial ordenada en medio del proceso penal que enfrenta el religioso, señalado de apropiarse presuntamente del control administrativo del camposanto.
La diligencia fue encabezada por un juez, acompañado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, agentes del CTI y unidades de la Policía Metropolitana, quienes realizaron un recorrido técnico por las instalaciones con el apoyo de un perito encargado de verificar la titularidad y condiciones legales del inmueble.
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El caso se remonta a cuando el sacerdote fue relevado de sus funciones por la Diócesis de Santa Marta, decisión que, según la representación legal de la Iglesia, se negó a acatar. De acuerdo con la versión de la parte denunciante, tras su remoción, el religioso habría despedido al personal vinculado a la fundación que administraba el cementerio y creado una nueva empresa con la que asumió el control total del lugar.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos por presunta administración desleal, fraude y ocultamiento de documentos, delitos que hoy lo tienen enfrentando un proceso judicial que podría definir el futuro del cementerio y su propia situación legal.
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La inspección dejó escenas que aumentaron la tensión. Mientras las autoridades adelantaban la diligencia, un féretro ingresó a la capilla y el sacerdote procedió a realizar una ceremonia religiosa, pese a que, según la Diócesis, ya no contaría con autorización oficial para ejercer funciones litúrgicas en nombre de la Iglesia Católica.
La representación de las víctimas solicitó al juez dos medidas clave: la cancelación del registro de la empresa con la que presuntamente se administra el cementerio y la entrega provisional del control del lugar a su titular legal, mientras avanza el proceso penal.
El juez deberá analizar las pruebas recolectadas durante la inspección y emitir una determinación que podría cambiar el rumbo de este caso, considerado uno de los más controversiales en los últimos años dentro de la institucionalidad religiosa en Santa Marta.
