El progenitor del menor destacó que su aclaración no busca desacreditar a la madre ni trasladar el conflicto a lo mediático, sino restablecer el contexto real y recordar que el foco debe ser la protección integral del niño de dos años
En medio de la controversia generada por un video viral en redes sociales, donde una mujer relató haber sido separada de su hijo de dos años tras un presunto arrebato por parte de su expareja, el padre del menor ha emitido una aclaración pública para defender su versión de los hechos.
En su declaración, enfocada en aspectos fácticos y jurídicos, el hombre rechaza las acusaciones de maltrato y sustracción ilegal, enfatizando que todas las acciones se enmarcaron en el ejercicio de la patria potestad compartida y priorizando el interés superior del niño.
El caso saltó a la opinión pública luego de que la madre publicara un testimonio en el que afirmaba que, el 26 de noviembre de 2025, entregó al menor a su padre para un viaje temporal a Portugal, pero que este no lo devolvió, cambiando el tiquete de regreso y utilizando al niño como medio de presión.
Según su relato, el 19 de enero de 2026, una defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) otorgó la custodia al padre, pese a denuncias previas por maltrato psicológico y físico. La mujer cuestionó la decisión, alegando negligencia por parte de las autoridades y limitaciones en sus visitas, y anunció una acción de tutela para revisar el caso.
En respuesta, el padre del menor, en un audio difundido a nuestro medio de comunicación como aclaración pública, desmintió las alegaciones.
“En ejercicio de mi derecho a la verdad y al buen nombre, realizo esta aclaración pública desde un enfoque estrictamente fáctico y jurídico”, inició su declaración. Explicó que el traslado del niño a Santa Marta ocurrió durante un periodo de vacaciones previamente conocido y consentido por la madre, sin que existiera sustracción, retención ilegal ni ocultamiento.
Agregó que la permanencia adicional fue informada oportunamente y se dio en el marco de la patria potestad compartida, ya que al momento de los hechos no había decisión judicial o administrativa que otorgara custodia exclusiva a ninguno de los progenitores.
El padre detalló que ambos padres ostentaban iguales derechos y deberes frente al menor, y que los procesos iniciados por la madre ante el ICBF se desarrollaron con respeto al debido proceso, concluyendo con valoraciones técnicas que determinaron que el niño estaba en mejores condiciones bajo su cuidado directo. Criticó que la madre hubiera trasladado previamente al niño a otra ciudad de manera unilateral, bajo un compromiso temporal de regreso a los seis meses que no se cumplió, afectando la estabilidad emocional y el contacto con el padre.
Además, describió que durante el periodo en que el menor estuvo con la madre, este permaneció en un entorno de inestabilidad y conflictividad, con episodios de violencia intrafamiliar.
Al regresar a su cuidado, el niño presentaba deterioro en su salud, como lesiones por un hongo en la zona del pañal, situación verificada por autoridades y que mejoró progresivamente en un entorno estable. Elogió la actuación del ICBF como “profesional, técnica e imparcial”, basada en evaluaciones interdisciplinarias y visitas domiciliarias orientadas al interés superior del niño.
El padre aseguró que siempre se garantizó el contacto permanente con la madre mediante videollamadas diarias, sin restricciones.
Reveló haber sido víctima de maltrato psicológico y agresiones físicas durante la relación y después de la separación, conductas que no judicializó para proteger al niño, aunque cuenta con elementos probatorios. Rechazó firmemente ser señalado como agresor: “Yo jamás incurrí en actos de violencia física contra la madre de mi hijo. No existe en mi contra ninguna condena, imputación ni decisión judicial que sustente tales señalamientos”. Explicó que cualquier confrontación ocurrió en contexto de defensa personal ante violencia ejercida en su contra.
Calificó como grave la presentación pública de una narrativa “parcial, emocional y carente de sustento probatorio”, que afecta su honra, reputación y ejercicio profesional, además de exponer innecesariamente al menor. Mencionó haber recibido amenazas contra su integridad, denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, lo que activó mecanismos de protección legal.
Finalmente, destacó que su aclaración no busca desacreditar a la madre ni trasladar el conflicto a lo mediático, sino restablecer el contexto real y recordar que el foco debe ser la protección integral del niño de dos años, su estabilidad y desarrollo pleno, lejos de señalamientos infundados y juicios mediáticos.
Hasta el momento, ni el ICBF ni otras autoridades han emitido pronunciamientos oficiales adicionales sobre el caso, que continúa generando debate en redes sociales. Ambas partes han invocado el interés superior del menor como prioridad en sus relatos.
