Este miércoles en la mañana, en medio de una rueda de prensa en la que se negó a contestar preguntas, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se refirió sobre el debate de moción de censura que se llevó a cabo en el Senado y en el cual fue duramente criticado por su gestión en la cartera castrense.
Botero calificó la sesión en el Congreso como “un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias”. “Más allá de la coyuntura política lo que debe contar es legitimidad y los instrumentos jurídicos y legítimos para combatir estas amenazas”, señaló el alto funcionario.
En un primer lugar, el Ministro de Defensa se refirió a la muerte del líder campesino Flower Trompeta, en zona rural de Corinto (Cauca), por parte de miembros del Ejército en días pasados, según denunció la comunidad en la zona.
“Una vez se reporta la muerte del señor Trompeta se le informa a las autoridades de Policía Judicial competentes para que adelanten todas las diligencias técnicas científicas, denominadas actos urgentes. El ministerio de Defensa ha prestado toda la colaboración a las autoridades judiciales para que se adelante la investigación que en derecho corresponda”, detalló el funcionario.
Y agregó que “son las autoridades judiciales las competentes para actuar, según los resultados de las pruebas técnico científicas las circunstancias de ocurrencia de los hechos y la presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública”.
Así mismo, Botero aseguró que según los reporte de Medicina Legal no “hay señales de tortura” en el cuerpo de Trompeta, pero que “las investigaciones (del hecho) continúan”.
Por otro lado, el ministro se refirió a la información presentada en el debate de la muerte de siete menores de edad en un bombardeo a una disidencia de las Farc en San Vicente del Caguán, en donde falleció alias Gildardo Cucho.
Botero aseveró que todas las operaciones militares “están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases del asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares en 2008 por mandato de la política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional”.
Así mismo, el alto funcionario señaló que “labores de identificación de cadáveres corresponde exclusivamente a Medicina Legal que reporta a la autoridad judicial los informes técnicos y científicos para la valoración que en derecho correspondan” y hasta el momento “no ha recibido solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con posibles responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública” en este caso.
En medio de la rueda de prensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, también se refirió al bombardeo y señaló que “no fue una operación contra menores de edad”, sino “una operación contra el cabecilla del GAO-r7, alias Gildardo Cucho”.
“El GAO residual es una amenaza real contra el Estado colombiano y en repetidas ocasiones nos han pedido adelantar operaciones contra esta estructura y esos conceptos operacionales están contemplados en nuestros planes operacionales y es deber de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional contener los planes estratégicos de estas organizaciones armadas al margen de la ley”, precisó el general Navarro.
Y señaló que el operativo contra esta disidencia se realizó “partiendo de labores de inteligencia”, en donde se estableció su desplazamiento “desde Venezuela hasta el departamento del Caquetá con su estructura de seguridad, compuesta por cerca de 20 individuos, con el propósito de controlar rutas del narcotráfico, realizar acciones terroristas, desplazamiento forzado, secuestro y extorsión”.
El Comandante de las Fuerzas Militares afirmó que durante el planeamiento de la operación se siguieron “todos los parámetros y protocolos que rigen la doctrina militar colombiana, trasverzalizada con el CICR y con altos estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
Por último, el general Navarro señaló que desconocían de la presencia de menores de edad.
“Es necesario tener en cuenta que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar, es decir que el GAO residual es quien comete el crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos en un objetivo militar”, puntualizó el general.
