La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a ocho exintegrantes del Ejército Nacional de Colombia por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre 2001 y 2012 en el departamento de Nariño.
Estos hechos habrían afectado a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en medio de operaciones militares contra grupos armados ilegales.
Según la investigación del tribunal, los hechos ocurrieron principalmente en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, donde la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó patrones sistemáticos de violencia que incluyeron homicidios, detenciones arbitrarias y torturas contra líderes sociales, autoridades tradicionales y habitantes de la región.
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La JEP también señaló que varios civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como bajas en combate, práctica conocida como falsos positivos, hechos que habrían sido impulsados por presiones internas dentro de la estructura militar para mostrar resultados operacionales durante las operaciones contrainsurgentes.
Además de la violencia directa, el tribunal advirtió graves afectaciones derivadas de la aspersión aérea con glifosato en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos. De acuerdo con el expediente, las fumigaciones se realizaron sin consulta previa y provocaron daños a cultivos de subsistencia, afectaciones a la salud de las comunidades y la pérdida de recursos naturales en los territorios.
La jurisdicción estableció que estas acciones generaron desplazamientos y confinamientos que afectaron a más de 16.000 personas, en su mayoría pertenecientes al pueblo indígena Awá y comunidades afrocolombianas. Los militares imputados tendrán ahora 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos; en caso de no reconocer responsabilidad, podrían enfrentar un juicio y sanciones de hasta 20 años de prisión.
