En medio del escándalo, ya muchos se preguntan si el Concejo logrará retomar su trabajo sin más peleas, o si esto solo es el comienzo de una división política que cada vez se hace más evidente y escandalosa alejada de los intereses por la ciudad.
El escándalo en el Concejo de Santa Marta sigue escalando. Tras el controversial desalojo del concejal Miguel ‘Mono’ Martínez del recinto por parte de la Policía, tanto él como el presidente del Cabildo distrital, Pedro Gómez Añez, han presentado denuncias ante diferentes autoridades. El enfrentamiento, que ha sido ampliamente difundido en redes sociales, ha dejado en segundo plano la labor de la Corporación, al centrarse en los ‘encontrones’ protagonizados por ambos funcionarios.
El concejal Martínez denunció penalmente ante la Fiscalía a los agentes involucrados por lesiones personales agravadas contra servidor público y prevaricato, señalando que fue víctima de un uso excesivo de la fuerza. “Yo soy víctima de un abuso policial. Esta es la segunda vez que me expulsan con la Policía sin que exista una norma que respalde esa actuación”, declaró el cabildante. Además, presentó quejas ante la Procuraduría y la Policía Nacional, insistiendo en que se está utilizando el reglamento para silenciar la oposición dentro del Concejo.
Por su parte, Pedro Gómez Añez defendió su proceder asegurando que actuó amparado en el reglamento interno del Concejo. Según él, el artículo 75 faculta al presidente de la corporación a ordenar el desalojo de cualquier persona que interrumpa el desarrollo normal de las sesiones. “Las actuaciones están dentro del marco legal. También interpondré una denuncia por injuria y calumnia, ya que el concejal Martínez me ha acusado falsamente de tener nexos con el narcotráfico”, sostuvo Gómez Añez.
El concejal Pedro Gómez Añez espera que, ante la situación actual, sea la misma Procuraduría General de la Nación la que actúe de oficio, teniendo en cuenta la polémica generada, y adopte las medidas disciplinarias pertinentes que contribuyan a hacer respetar al Concejo de Santa Marta.
El episodio ha generado una ola de críticas y burlas en redes sociales, donde se han viralizado los videos del desalojo. El artículo 156 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permite el “retiro de sitio” como medida de control, ha sido citado por defensores de la legalidad del procedimiento. Sin embargo, persisten los cuestionamientos sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y las tensiones políticas al interior del Concejo.
El escándalo no solo afecta la imagen de los concejales involucrados, sino también la credibilidad del Cabildo ante la ciudadanía. En medio del revuelo, muchos se preguntan si la corporación podrá retomar su agenda legislativa sin nuevas confrontaciones o si, por el contrario, se profundizará la división política que ha quedado en evidencia.
