La entidad asegura que asumió toda la inversión y riesgos del servicio cardiovascular, mientras el hospital recibía ingresos sin aportar recursos.
En medio de un cruce de versiones que ha escalado al debate público, la empresa Cardiovida Santa Marta S.A.S. salió al paso de los señalamientos realizados por la gobernadora Margarita Guerra, el exgobernador Rafael Martínez y la gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, Nora Anillo, calificando las acusaciones como falsas, tergiversadas y sin sustento.
La compañía defendió la legalidad del contrato suscrito en 2018, explicando que fue el propio hospital el que reconoció en su momento no contar con la capacidad técnica ni financiera para atender la demanda en cardiología y cirugía cardiovascular, lo que llevó a estructurar una alianza con el sector privado mediante convocatoria pública.
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Cardiovida afirmó que, tras resultar adjudicataria, realizó una inversión superior a los 9.200 millones de pesos para montar y operar el servicio, incluyendo infraestructura, equipos biomédicos y personal especializado, sin que el hospital aportara recursos económicos.
Según la empresa, el modelo fue estructurado sin riesgo para el hospital, que recibió ingresos derivados de la operación, incluyendo participación en la facturación, usufructo mensual y pagos por servicios complementarios, además de recursos para el departamento a través de estampillas.
La entidad también sostuvo que los procesos de facturación, recaudo y comercialización eran responsabilidad exclusiva del hospital, por lo que cualquier irregularidad en esos frentes no puede ser atribuida a su gestión.
En su pronunciamiento, Cardiovida rechazó lo que calificó como intentos de desinformación y aseguró que durante seis años prestó un servicio que la institución pública no estaba en capacidad de ofrecer, priorizando la atención de los pacientes.
