La cabildante los demandó por hostigamiento e injurias, pero el juez amparó la libertad de expresión.
El juzgado quinto civil municipal de oralidad distrito judicial de Santa Marta negó la tutela promovida por la diputada del Magdalena, Elizabeth Molina, contra el exalcalde Rafael Martínez y el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presunto hostigamiento, injuria e instigación a delinquir.
La cabildante en la tutela asegura que Martínez y Caicedo vienen utilizando sus redes sociales para vincularla a un cartel de la salud e instigar al odio colectivo en contra de su persona.
Sin embargo, la juez Mónica Lozano Pedrozo le negó la acción de tutela, asegurando que “lo expresado no constituye un discurso de odio por cuanto en él no se observa un llamado a la violencia, no se discrimina a la actora por su raza, sexo, religión o físico, si no que en él se denota un inconformismo, y un descontento frente a las actuaciones de la señora Elizabeth Molina Campo como diputada del Departamento”.
La juez consideró que los señalamientos de Martínez y Caicedo pueden considerarse como un discurso de opinión política, que si bien ataca a la Molina, ello no es suficiente motivo para determinarlo como un llamado a la violencia, por cuanto cada manifestación esta intrínseca y explícitamente anudada al cargo que ocupa como diputada del departamento.
En ese orden de días, la juez enfatizó que las manifestaciones del exalcalde y el actual gobernador los ampara el derecho de la libre expresión y no pueden ser censuradas ni reprochadas por el hecho de que se realicen críticas o señalamientos a un funcionario público.
Lo anterior, siempre y cuando no se introduzca en un escenario obsceno e irrespetuoso a la dignidad humana.
“Se concluye entonces que, el entorno en el que se desarrollaron los hechos objeto de esta demanda constitucional no es susceptible de un amparo dada sus condiciones”, dice el documento judicial.
