El procesado hizo énfasis en que la Fiscalía retiró “por completo” el delito de falso testimonio, lo que, según dijo, constituyó una “renuncia a un delito completo”.
Nicolás Petro Burgos regresó este lunes ante el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías para la continuación de la audiencia de imputación por el presunto desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico. La diligencia, que había sido suspendida el pasado 15 de noviembre, avanzó con la precisión de los cargos, el retiro de uno de ellos y la postura definitiva del hijo del presidente Gustavo Petro: no aceptó ninguno.
Durante la sesión, la Fiscalía reiteró cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. El ente acusador retiró el cargo de falso testimonio al considerar que la conducta se subsumía dentro de la falsedad ideológica, una decisión que fue confirmada por el juez.
Petro niega uno a uno los señalamientos
Al ser interrogado por el juez, Nicolás Petro respondió “no acepto” a cada uno de los delitos imputados. Rechazó los dos cargos de interés indebido en la celebración de contratos, los dos de peculado por apropiación y los relacionados con tráfico de influencias sobre la entonces gobernadora del Atlántico y el secretario general departamental. También negó las acusaciones por falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
El procesado hizo énfasis en que la Fiscalía retiró “por completo” el delito de falso testimonio, lo que, según dijo, constituyó una “renuncia a un delito completo”.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará el martes 2 de diciembre a las 8:30 a.m.
Contratos, anticipos y presunta red de desvío de recursos
Según la fiscal Laborde, Petro Burgos habría intervenido indebidamente en dos contratos de la Gobernación del Atlántico celebrados con la Fundación FUCOSO, por valores de $400 millones en 2021 y $572 millones en 2022. Aunque como diputado no tenía facultades para contratar, la Fiscalía sostiene que usó su influencia política para direccionar los convenios y asegurar la entrega directa a la fundación.
El ente investigador asegura que la finalidad no era fortalecer los programas para adultos mayores —el objeto de los contratos— sino garantizar beneficios económicos para Petro, su entonces esposa Day Vásquez y terceros. Para ello habría incidido en la adjudicación, en el aumento del valor del segundo contrato y en la aceleración de pagos, a través de instrucciones transmitidas por Vásquez.
