La defensa del expresidente venezolano afirma que el gobierno estadounidense impide que el Estado venezolano financie su defensa legal en el caso por cargos federales en Nueva York, lo que, según sus abogados, viola su derecho a elegir abogado.
La defensa legal de Nicolás Maduro denunció que el gobierno de Estados Unidos estaría impidiendo que el Venezuela pague los honorarios de sus abogados en el proceso judicial que enfrenta en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos federales. La situación ha generado tensiones legales y diplomáticas sobre el derecho de un acusado a contar con representación de su elección.
El abogado principal de Maduro, Barry Pollack, señaló en una carta enviada el 20 de febrero al juez federal Alvin K. Hellerstein, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. había aprobado inicialmente, el 9 de enero, una licencia que permitía que el gobierno venezolano financiará los honorarios legales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Sin embargo, esa autorización fue modificada menos de tres horas después, dejando fuera específicamente a Maduro y bloqueando que su defensa sea pagada desde Caracas.
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Pollack sostuvo que esta modificación deja sin forma legal de financiar la defensa privada de Maduro, quien —dijo— “no puede costear un abogado de su bolsillo” y depende de los fondos del Estado venezolano para cubrir sus costos legales.
Derecho a representación y argumentos legales
En su escrito al tribunal, el abogado argumentó que el bloqueo “interfiere con la capacidad de Maduro de retener abogado”, lo que según él podría violar su derecho constitucional bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que garantiza el derecho a tener asistencia legal de su elección.
Pollack también ha pedido formalmente a la OFAC que restituya la licencia original o, de lo contrario, que el juez federal intervenga para permitir que los pagos se realicen pese a las restricciones.
Implicaciones y próximos pasos
La disputa no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y diplomáticas, ya que se desarrolla en medio de la presión continua de Washington sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce funciones ejecutivas en Venezuela tras la captura de Maduro.
Algunos analistas señalan que las decisiones sobre las licencias de la OFAC vinculan el caso judicial con el marco más amplio de sanciones y relaciones bilaterales entre EE. UU. y Venezuela.
Maduro y Flores tienen programada una próxima audiencia judicial en marzo, y será en ese contexto donde podría definirse si la defensa logra revertir la negativa de la OFAC o si se presentan recursos ante el tribunal para garantizar el pago de honorarios legales.
