La solicitud la hicieron las organizaciones Transparencia por Colombia y Dejusticia para que las investigaciones las lidere una persona que no haya tenido relación personal ni profesional con el presidente Iván Duque.
El escándalo creciente ya denominado como la “Ñeñepolítica” debe tener un investigador que no haya tenido ninguna relación profesional ni personal con el presidente Iván Duque. Con ese argumento, las organizaciones Transparencia por Colombia y Dejusticia le solicitaron al fiscal general, Francisco Barbosa, que se declare impedido (es amigo cercano del Jefe de Estado). A su vez, solicitaron que el caso lo lleve un fiscal ad hoc para liderar las pesquisas por presuntas irregularidades y compra de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018 en la que el integrante del Centro Democrático resultó vencedor.
Para Dejusticia, la cercanía entre Barbosa y el presidente Duque configuran un conflicto de interés para el Fiscal General y es necesaria, además, porque el Jefe de Estado derogó el decreto 450 de 2016, “que contribuía a hacer visibles ante la ciudadanía los posibles conflictos de interés de las personas ternadas por el Ejecutivo para el cargo de Fiscal (…) Solicitamos a la Corte Suprema de designar a un fiscal ad Hoc que lidere estas investigaciones a partir de una terna que el Presidente Duque elabore con personas que no hayan tenido relación con su campaña presidencial ni con su gobierno”.
“Este Fiscal Ad Hoc debe contar con la independencia y capacidades suficientes para adelantar de manera ágil y eficiente la labor encomendada. (…) Estamos hablando de una investigación sobre presunto financiamiento ilegal de una campaña presidencial, es por esto que, todas las medidas frente a un conflicto de interés deben tratarse de la manera más transparente, oportuna y proactiva”, indicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia. Dejusticia agregó que es urgente establecer si acá se cometieron delitos electorales o no.
El fiscal Barbosa anunció el fin de semana que trasladará a la Corte Suprema, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral los audios que iniciaron este escándalo. Se trata de miles de horas interceptadas al ganadero Hernández (asesinado en mayo de 2019) por las autoridades en el marco de una investigación por homicidio. En una de esas conversaciones, del 3 de junio de 2018, Hernández dice a su interlocutora: “Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”.
La revelación del audio motivó el inicio de investigaciones contra el propio presidente Duque en la Comisión de Investigaciones y en la Fiscalía, entre otros, para establecer quién era la persona con la que hablaba Hernández. El senador Álvaro Uribe dijo que podría ser una integrante de su ULT, María Claudia Daza, quien negó los señalamientos y renunció a su cargo. El fin de semana, Barbosa dijo que Fiscalía “irá hasta las últimas consecuencias con cualquier servidor, sea de la Fiscalía o de la Dijin, independiente del rango”.
En rueda de prensa, los periodistas le preguntaron si él se consideraba impedido para abordar esta investigación, dada su cercanía con el presidente Iván Duque. Respondió que él no tenía competencia sobre funcionarios con fuero y añadió: “yo no tengo ningún tipo de injerencia o relacionamiento más allá del que ustedes conocen (…) yo no tengo ningún impedimento”.
