La Defensora de Derechos Humanos, Norma Vera, se pronunció por la poca atención que las instituciones públicas le han prestado a un caso de violencia e intimidaciones en contra de una joven migrante venezolana y su madre.
Un aberrante caso sucedió el pasado 31 de enero en la vereda Don Diego, corregimiento de Guachaca, cuando una mujer opuso resistencia a un intento de violación y fue brutalmente atacada por su victimario.
Se trata de Yermaní Prieto, una mujer venezolana que lucha por recuperarse tras las lesiones recibidas, que la tienen postrada en una cama con heridas en el hombro, piernas, uno de sus senos, en su ojo izquierdo y en el abdomen.
De acuerdo con la víctima, desde hacía varios meses su vecino habría mostrado interés amoroso en ella, pero sus intenciones fueron rechazadas por la mujer, por lo que no le dio trascendencia.
Sin embargo, hace dos semanas Prieto necesitaba movilizarse y su vecino se ofreció a llevarla, a lo que accedió sin imaginarse lo que estaba por suceder.
El hombre la habría llevado hasta una zona enmotada, la golpeó para intentar accederla carnalmente y ante la resistencia de la mujer, su victimario optó por herirla con un arma cortopunzante en varias partes de su cuerpo.
Yermaní fue auxiliada por moradores del sector que se percataron de lo sucedido y fue trasladada a un centro médico donde duró varios días en UCI. Tuvo que someterse a una cirugía para la extracción del ojo que resultó afectado en el ataque.
Revictimización
Ante lo sucedido, la madre de Yermaní ha llegado a varias instituciones de la ciudad para denunciar al presunto agresor y evitar que vuelva a atentar contra la vida de su hija, pero las acciones han sido en vano.
La Defensora de Derechos Humanos, Norma Vera, denunció la negligencia con la que han actuado varias instituciones públicas, llamadas a garantizar no solo el acceso a la justicia sino también la integridad de las denunciantes.
“La señora Yosnelly, de nacionalidad venezolana, me vino a buscar porque ha tocado la puerta de varias instituciones públicas: Fiscalía General de la Nación, Policía Metropolitana de Santa Marta, Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, y en todas le han dado un portazo en la cara, cuando lo único que reclama es un poco de justicia para su hija”, dijo Norma Vera Salazar con notable disgusto.
Vera expuso que pese a las heridas que le ocasionó el sujeto a la joven venezolana, la Fiscalía ha tipificado mal el delito.
“El presunto abusador y feminicida le dio también una puñalada en el ojo. Yermaní perdió su ojo y tantos días después, la Fiscalía General de la Nación le recibió la denuncia por el delito de Lesiones Personales. ¡Me perdonan la dureza, pero mandan huevo los señores de la Fiscalía: esto claramente es Tentativa de Feminicidio!”, manifestó.
Es importante en este punto mencionar que el delito en el que se adecuaron los actos, es decir, Lesiones Personales, tiene una pena entre los 3 y 7 años y, además, es excarcelable, mientras que las relacionadas con el Feminicidio, oscilan entre los 20 y 41 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio.
La Activista por los Derechos de las Mujeres cuestionó además la poca disposición que han tenido los funcionarios de la Fiscalía para llegar al fondo del asunto, a pesar de la insistencia de los familiares de la víctima y los detalles que rodean el ataque.
“Es increíble que después de haber visitado 10 veces la Fiscalía no le hayan hecho ampliación de la denuncia, porque debe hacerlo la misma víctima. La víctima estuvo 10 días en coma. La víctima perdió su ojo. La víctima está tratando de recuperarse después de ser víctima de tentativa de feminicidio” denunció Norma Vera Salazar.
La defensora reveló también que el presunto agresor estaría intentando comprar el silencio de los afectados e intimidando a la madre de la joven, quien se ha negado a cualquier acuerdo económico.
“El presunto abusador y feminicida se ha tomado el derecho de llegar a la casa de la señora Yosnelly a decirle que arreglen, a ofrecerles plata y a decirle además que él tiene amigos paracos”, advirtió Norma Vera Salazar.
Vera advirtió los riesgos a los que están expuestas las dos mujeres por cuenta de las amenazas que han recibido y el control que los paramilitares ejercen en esa zona de la Troncal del Caribe.
“Su hija va a salir del hospital y tienen que volver a la casa ¿Cómo va a volver después que casi la mataron, después de que casi la violan, después que le sacaron el ojo? Ahora ella tiene que volver al territorio a seguir viviendo la marginalidad, la pobreza, la migración y un sistema que la vulnera sistemáticamente por ser mujer”, expuso Norma.
En medio de su intervención, envió un mensaje contundente los funcionarios encargados de brindar garantías de justicia, seguridad y alojamiento transitorio para las víctimas de la violencia.
“Señor comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, lo hago responsable de la vida de estas mujeres. Señor director Seccional de Fiscalías, nosotros vamos a colocar un abogado para que las represente a ella y a su hija, y lo hago a usted también responsable de la vida de Yosnelly y Yermaní. Señora alcaldesa Virna Jhonson, le solicito que brinde las garantías de vivienda y alimentación para estas mujeres porque está claro que no pueden volver a Guachaca”, puntualizó.
