De esa cifra, 61 son civiles.
Al menos 104 personas fueron víctimas en Colombia de minas antipersona y otros artefactos explosivos en el primer trimestre de 2021, informó este domingo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Con motivo del Día para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, establecido por Naciones Unidas y que el mundo celebra hoy, el CICR detalló que entre las víctimas que se reportaron durante el primer trimestre hay 61 civiles.
“Entre enero y marzo el CICR registró 104 víctimas, de las cuales siete fallecieron mientras que las demás sobrevivieron con graves consecuencias físicas, sicológicas y emocionales que perdurarán a lo largo de su vida”, indicó el CICR en un comunicado.
El organismo internacional agregó que en 2020 documentó 389 víctimas de estos artefactos, la cifra “más alta de los últimos cuatro años”.
Colombia es, después de Afganistán, el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo.
De acuerdo con el CICR, de las 104 personas afectadas 41 son víctimas de minas antipersonal, siete de restos explosivos de guerra, 33 de artefactos de detonación controlada y 23 de artefactos explosivos lanzados.
La información añadió que “los accidentes” ocurrieron en nueve departamentos del país pero que Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), Cauca (suroeste) y Nariño (frontera con Ecuador) “fueron las zonas más afectadas. En estos tres departamentos se concentró el 71 % de las víctimas”.
Las zonas más afectadas
En cuanto a las 389 víctimas de estos artefactos documentadas el año pasado, el 77 % se registraron en cinco departamentos: Norte de Santander (80), Nariño (78), Antioquia (64), Cauca (50), Valle del Cauca (27).
De los afectados, 226 eran civiles, 152 de las fuerzas de seguridad del Estado y 11 pertenecían a grupos armados ilegales.
“La mayoría de las víctimas son civiles, principalmente población campesina, que, mientras realizaban labores cotidianas como cultivar, buscar agua, o transitar por las veredas, tropezaron con estos artefactos”, detalló el CICR.
En un informe presentado en marzo pasado el organismo internacional indicó que “resulta difícil estimar el grado de contaminación que hay en el territorio por estos artefactos”.
Sin embargo, reconoció que “desde la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano (noviembre de 2016), se han logrado importantes avances en algunas zonas respecto al desminado humanitario, pero todavía existen grandes desafíos para descontaminar las regiones y garantizar el derecho a la no repetición de las víctimas, particularmente donde persiste el conflicto y la violencia armada”.
En esas zonas, el reto es aún mayor, ya que “no solo se trata de la antigua presencia de dichos artefactos, sino también de una nueva contaminación que se está generando en el contexto de la confrontación armada entre las diversas partes del conflicto y la disputa entre grupos armados por el control territorial”.
EFE
