Transportadores de carga y pasajeros denuncian afectaciones económicas, suspensión de servicios y temor en las carreteras del departamento.
El impacto del paro armado en Antioquia se refleja hoy en pérdidas millonarias, rutas de transporte paralizadas y un clima de miedo que afecta tanto a conductores como a usuarios, según advirtieron los gremios del transporte de carga y pasajeros, tras los recientes hechos violentos atribuidos a grupos armados ilegales.
Desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) señalaron que, aunque las acciones no han alcanzado la magnitud registrada en otras regiones del país, las consecuencias económicas y operativas ya son evidentes en las principales vías del departamento.
Entre las situaciones que evidencian el deterioro de la seguridad vial, se encuentra la explosión registrada en el puente El Barroso, en el Suroeste antioqueño, así como la incineración de un bus de la empresa Expresos Brasilia en la vía hacia Caucasia. A esto se suma la aparición de banderas de grupos armados ilegales en sectores del Valle de Aburrá, hechos que obligaron a reforzar la vigilancia y a modificar operaciones de transporte.
El presidente de la ATC, Anderson Quiceno, advirtió que los camioneros continúan laborando bajo condiciones de alto riesgo, situación que se traduce en un fuerte golpe financiero para el gremio.
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De acuerdo con el dirigente, el sector transporte cerró el año con pérdidas cercanas a los 8 billones de pesos, causadas por bloqueos, extorsiones, atentados y explosiones en las carreteras, lo que evidencia el avance de los grupos al margen de la ley frente a la capacidad de control en algunas zonas del país.
Pasajeros y conductores, entre el temor y la incertidumbre
Las consecuencias también alcanzaron al transporte de pasajeros. El presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, Juan Pablo Acosta, informó sobre la suspensión total de las rutas hacia el Chocó y una reducción en la movilización de pasajeros hacia el norte del departamento.
El temor generado por los hechos violentos ha llevado a muchos usuarios a cancelar o aplazar sus viajes, afectando especialmente la temporada de fin de año.
“Necesitamos que el Gobierno nacional garantice la seguridad para la movilización de pasajeros. La vida de conductores y usuarios debe ser la prioridad”, concluyó Acosta.
