La solicitud de alias Walter Mendoza no sería la única. Organizaciones vinculadas con disidencias de las Farc y estructuras criminales también estarían buscando una salida jurídica que les permita avanzar hacia el sometimiento y la desmovilización.
La petición de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, uno de los jefes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), para que el Gobierno de Abelardo De La Espriella abra la puerta a un nuevo proceso de diálogo de paz se suma a una serie de solicitudes de organizaciones armadas que buscan una salida jurídica para su sometimiento.
En una carta enviada al presidente, Mendoza manifestó la voluntad de la CNEB de avanzar hacia la vida civil y pidió establecer un canal institucional que permita retomar conversaciones. La organización también planteó incluir mecanismos de verdad, justicia, reparación, resocialización, reintegración y reincorporación.
El planteamiento cobra especial relevancia porque, de acuerdo con la información conocida, cada vez son más las estructuras que estarían reclamando al nuevo Gobierno un marco jurídico que permita concretar procesos de sometimiento.
La discusión apunta directamente a la necesidad de una nueva ley de sometimiento o de una modificación al marco jurídico existente, entre ellos la Ley 906 de 2004, que establece el Código de Procedimiento Penal. El Gobierno de De La Espriella, precisamente, anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento.
En el caso de Mendoza, la propuesta contempla que los integrantes de la organización puedan aportar al esclarecimiento de los hechos relacionados con la violencia y hablar de lo ocurrido durante el conflicto, siempre dentro de un marco jurídico que establezca beneficios y obligaciones.
“Absolutamente todo”, aseguró la abogada Angélica María Martínez al referirse a la posibilidad de que los integrantes de la organización cuenten la verdad sobre el conflicto y eventuales injerencias políticas, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de un marco jurídico que permita beneficios y reparación a las víctimas.
La solicitud de la CNEB llega además en un momento de tensión. El Gobierno decidió cerrar la mesa de conversaciones con esta organización al considerar que no existían suficientes evidencias de una voluntad real de paz y reinserción a la vida civil. Posteriormente fueron reactivadas órdenes de captura contra integrantes de la estructura.
Pese a ello, Mendoza insiste en que existe una posibilidad de negociación y propone compromisos como no atacar a la Fuerza Pública ni la infraestructura estatal, además de avanzar en mecanismos de verdad, justicia y reparación.
Ahora el balón está en la cancha del Gobierno y, especialmente, del Congreso. La propuesta de una nueva ley de sometimiento podría convertirse en el punto de encuentro para organizaciones que actualmente buscan abandonar las armas, pero que reclaman reglas claras, beneficios jurídicos y garantías para hacer efectiva su transición a la legalidad.
La solicitud de Mendoza ya fue trasladada al Ministerio de Justicia, que será el encargado de liderar la presentación del proyecto de ley de sometimiento ante el Congreso.
