El secretario de Salud, Jairo Romo reveló ante el Concejo que, de 35.000 personas de la población migrante venezolana instalada en Santa Marta, más de 10.000 no están recibiendo la debida atención en los centros de salud por estar de manera ilegal en el país.
Entre las más afectadas, al no definir su situación migratoria, están las mujeres que se encuentran en estado de embarazo, quiénes siempre tienen problemas para dar a luz a sus hijos en esta capital.
Jairo Romo, aseguró que “la solución está en que se afilien al Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, con esto se le entrega a la persona una herramienta de supervivencia. Los venezolanos están no están afiliados porque no hacen la ruta que está en la norma, y lo primero es que sean de nivel 1 o 2 en el Sisbén”.
Romo manifestó también que hay una serie de requisitos que exigen las EPS, como lo es llenar formularios, presentar copia del documento de identidad si es adulto o niño, el recibo de servicio público, etcétera, labor que tienen que hacer las personas para recibir la atención.
Actualmente la problemática que enfrenta la población venezolana es grave, ya que muchos son de escasos recursos y otros al momento de llegar al país se enferman, y por ejemplo las mujeres llegan con embarazos de alto riesgo porque no son controlados ni tratados a tiempo.
“Un parto normal se puede atender en el IPC La Candelaria, y La Paz, pero si es un embarazo no es controlado, la mujer entra en el famoso el paseo de la muerte”, indicó Romo.
El funcionario encargado está cartera también anunció que muy pronto la Secretaria de Salud se firmará un convenio con la fundación Matelser, donde la población no afiliada en Santa Marta y migrantes podrán ser atendidas en consulta externa en primer nivel, también está cooperación de contribución internacional permitirá el control de embarazos, entrega de medicamentos y citas a tiempo.
