De acuerdo con el denunciante, “la parcialización fue evidente, desde la primera sentencia que emite el tribunal, a cargo Maribel Mendoza y Marta Mogollón”
Continúa las denuncias penales del excandidato a la Alcaldía municipal de Pijiño del Carmen, Egan Eljadue Gutierrez, por un presunto fraude en las elecciones del 2019.
En esta ocasión, Eljadue Gutiérrez revela que tres Magistradas Del Tribunal Administrativo Del Magdalena, Maribel Mendoza Jiménez (Ponente) Maria Victoria Quiñones Triana Y Elsa Mireya Reyes Castellanos, han incurrido en una presunta conducta punible de prevaricato.
Y es que desde la demanda de nulidad electoral que se interpuso en el mes de diciembre de 2019 contra la elección del Alcalde Carlos Alfonso Machado Arquez, el proceso, según expone Eljadue, fue dilatado por el apoderado del demandado Carlos Machado.
“Este presentó más de 40 testimonios que en lugar de demostrar aspectos relevantes para el proceso en el plano electoral y administrativo, se enfocaron en debatir ante el tribunal hechos de tipo penal, encaminado a demostrar sucesos de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal”, manifestó el denunciante.
Asimismo, señala Egan que la parcialización en el proceso fue evidente, desde la primera sentencia que emite el tribunal, con ponencia de la magistrada Maribel Mendoza y apoyada por la magistrada Marta Lucía Mogollón Saker, al emitir un fallo inhibitorio.
“Mendoza declaró una excepción de inepta demanda, pese a haber adelantado y culminado todo un proceso judicial, por lo que la tercera magistrada, Elsa Mireya Reyes, salvó su voto (es decir, que se apartó de la decisión) y en su lugar estimó que un fallo inhibitorio iba en contra de los fines que persigue la administración de justicia entre otros aspectos”, puntualizó.
Tras esta decisión, Eljadue interpuso una acción de tutela ante el Consejo De Estado, quien emitió fallo amparando los derechos fundamentales no solo de Egan, sino de la comunidad de Pijiño del Carmen, a elegir y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y dejó sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, ordenándole emitir un nuevo fallo en 20 días.
“El tribunal vuelve a fallar como ordenó el Consejo De Estado, pero esta vez en la motivación de su sentencia, las magistradas abordaron un tema que estaba por fuera de sus competencias, se encaminaron a señalarme, responsabilizarme y hasta hallarme como responsable, óigase bien responsable de los hechos de violencia ocurridos en Pijiño del Carmen, desconociendo que las competencias en materia penal, le corresponden en materia de acusación e investigación a Fiscalía General de la Nación”, mencionó.
De acuerdo con el denunciante, las magistradas, en una clara extralimitación de sus funciones y en una clara infracción a las normas legales como el debido proceso inclusive derecho fundamental y pasando por encima de la presunción de inocencia e in dubio pro reo.
“La magistrada ponente, fue muy juiciosa, dejando sentado en la Sentencia la ausencia de responsabilidad de Carlos Machado y mi culpabilidad sin ni siquiera dejándolo a criterio de presunción, muy diligente para ello, pero muy negligente y omisiva a la hora de valorar las pruebas que tenía en el proceso”, indicó.
Y como si fuera poco, el denunciante revela que la magistrada omitió pedir que le certificaran con claridad cuál fue la cifra exacta de votantes de Pijiño el 27 de octubre de 2019, y en su lugar prefirió dar por cierta la información contenida en el acto demandado.
Esto se evidenció en varias etapas del proceso, pero en este caso, pese a que todo fue dirigido por la Magistrada Maribel Mendoza, las dos magistradas, que también integraban la Sala Maria Victoria Quiñones y Elsa Reyes, no salvaron voto y estuvieron de acuerdo con la ponencia de Mendoza.
Finalmente, Eljadue espera que la Fiscalía actué diligentemente adelantando las investigaciones pertinentes y aportó sus certificados de antecedentes penales y correctivos donde demuestra que no pesa sobre él, ningún tipo de sentencia condenatoria para que las magistradas hayan cometido tal exabrupto de salir irresponsablemente a emitir un fallo de connotación penal en su contra.
“Este tipo de denuncias deben hacerse para empezar a sentar un precedente, en que los magistrados, por estar investidos del poder del Estado, no abusen de ese poder afectando a los ciudadanos que acuden ante ellos”, expresó.
