Nuevas denuncias ciudadanas vuelven a poner en evidencia esta práctica que se nutre de la escasez de agua potable, mientras las autoridades siguen sin tomar acciones contundentes.
La crisis del agua potable en Santa Marta ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que antes se consideraba una problemática estructural del sistema de acueducto, hoy ha escalado a un escenario aún más grave: la intervención de bandas criminales que, además de dedicarse al microtráfico, ahora también roban el agua y la venden a precios elevados en los barrios más vulnerables.
Aunque este fenómeno no es nuevo, se ha agudizado con la sequía que afecta a la región. La necesidad urgente de muchas familias por acceder al agua ha sido aprovechada por grupos irregulares que controlan su distribución, creando un mercado ilegal que impone precios sin regulación y que deja a la ciudadanía atrapada entre el miedo y la desesperación.
“Estamos en una situación donde tenemos que decidir entre comprar agua o comida. No alcanza para las dos cosas”, relata un habitante de la parte alta del barrio El Yucal, un sector popular de Santa Marta golpeada por esta realidad. Y no es un caso aislado. De acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), al menos 60 barrios están afectados por la desviación ilegal del recurso hídrico, lo que genera fallas en el sistema y limita aún más el acceso regular al agua.
Las intervenciones artesanales que hacen estos grupos no solo perjudican a la empresa, sino a toda la comunidad, pues al alterar las redes de distribución, impiden que el agua llegue adecuadamente a los demás sectores. Además, la venta a través de carrotanques o pimpinas mal almacenadas representa un grave riesgo sanitario. En muchos casos, se trata de agua no tratada, de dudosa procedencia y sin controles de calidad.
Lo más preocupante es que los habitantes temen denunciar. El control de estas “mafias del agua” se ha extendido al punto de que muchos prefieren guardar silencio ante la amenaza de represalias. Esta situación ha llevado a líderes comunitarios y organizaciones sociales a pedir la intervención de autoridades judiciales a nivel nacional.
La escasez, combinada con la desigualdad y la falta de soluciones estructurales, ha generado un terreno fértil para que los “avivatos” encuentren en la necesidad ajena una forma de lucrarse. Mientras tanto, las familias siguen enfrentando la disyuntiva diaria de cómo garantizar algo tan básico como el agua, sin poner en riesgo su salud o su seguridad.
Muy a pesar que la situación se ha descubierto, al parecer, poco o nada han realizado las autoridades judiciales para desmantelar a estas redes ilegales dedicadas al tráfico de agua en Santa Marta. La venta ilegal del líquido ha estado arropada del miedo de la comunidad que, entre susurros informa sobre estos hechos desafortunados.
