La exfuncionaria sería imputada inicialmente por abuso de función pública y constreñimiento legal. Ahora la Fiscalía estudia agregar peculado por uso, relacionado con la utilización de un polígrafo de la Policía para practicarle una prueba a una particular.
El proceso judicial contra Laura Sarabia podría tomar un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía analizara la posibilidad de imputarle un tercer delito. Mientras tanto, la defensa de la exfuncionaria ya habría tomado una decisión: no aceptar los cargos y no llegar a un acuerdo con el ente acusador.
De acuerdo con la información divulgada por la periodista Darcy Quinn, la Fiscalía inicialmente solicitó imputar a Sarabia por abuso de función pública y constreñimiento legal.
La tesis del ente acusador sostiene que Sarabia habría abusado de su cargo al ordenar la práctica de una prueba de polígrafo y que el segundo delito estaría relacionado con la versión de Marel Luis Beza, quien habría manifestado que el procedimiento no se realizó de manera voluntaria.
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La defensa cerró la puerta a una negociación
Según lo expuesto, estos delitos tendrían penas mínimas y serían reparables. Además, Marel Luis Beza habría alcanzado un acuerdo de justicia restaurativa con Sarabia y su abogado, el hoy ministro de Justicia, Iván Cancino.
Incluso, de acuerdo con la versión difundida, Beza habría solicitado desde el año pasado que el proceso fuera archivado.
Pese a ello, la Fiscalía continuó adelante con la investigación y solicitó la imputación. El ente acusador también habría planteado a la defensa de Sarabia, encabezada por el exfiscal Mario Iguarán, la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Fiscalía estudia un tercer delito
El elemento que podría complicar el proceso es la posibilidad de que una fiscal encargada, mientras la titular del despacho se encuentra de vacaciones, decida adicionar el delito de peculado por uso.
Esta hipótesis estaría relacionada con la utilización de un polígrafo perteneciente a la Policía para practicarle la prueba a una particular.
La discusión estaría en determinar si el uso de un elemento perteneciente al Estado para ese procedimiento podría configurar una conducta penal.
El caso de Marta Lucía Ramírez vuelve al debate
La eventual imputación también abrió una comparación con un episodio relacionado con la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Según lo expuesto por Quinn, a las enfermeras que cuidaban al padre de Ramírez también les fueron practicadas pruebas de polígrafo utilizando equipos del Estado.
La diferencia señalada es que, en aquel caso, las personas involucradas habrían manifestado que realizaron el procedimiento voluntariamente.
Esa diferencia es precisamente uno de los elementos que ahora genera cuestionamientos sobre el tratamiento jurídico de ambos episodios.
Un derecho de petición pone los casos frente a frente
En medio de la controversia, el abogado Ramiro Bejarano presentó un derecho de petición ante la fiscal general, Camargo.
En el documento plantea un interrogante central: por qué una conducta relacionada con el uso de un equipo estatal podría ser considerada peculado en el caso de Sarabia, pero no habría recibido la misma calificación en el episodio relacionado con las enfermeras de la familia de Marta Lucía Ramírez.
La respuesta de la Fiscalía podría ser determinante para establecer cómo interpreta el ente acusador las circunstancias de ambos casos.
