En su anuncio de lanzamiento oficial de su candidatura a la Gobernación del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, aseguró que con montajes y con la judicialización de la política han venido atacándolo; sin embargo son más de 10 los casos por los que es investigado el ex mandatario distrital.
El autodenominado “promotor del cambio en Santa Marta”, está envuelto en 10 casos de presunta contratación y manejo irregular de las finanzas públicas que le sigue la Fiscalía al suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, al ex alcalde y aspirante presidencial Carlos Caicedo y a varios de sus funcionarios.
Dentro de esos asuntos se encuentran las obras inconclusas de la Calle 22, la Megabiblioteca, varios colegios, los puestos de salud, irregularidades en los contratos de los escenarios deportivos para los Juegos Bolivarianos, la red de parques, el Parque del Agua, entre otros.
En noviembre de 2017 la Fiscalía 41 ordenó captura contra Carlos Caicedo y el alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, los cuales fueron liberados en diciembre. Esto por el caso particular de los puestos de salud, cinco infraestructuras que fueron demolidas para obras de remodelación en el año 2014, a través de la ESE Alejandro Próspero Réverend, bajo la administración de Carlos Caicedo, quien además desplegó una campaña publicitaria con imágenes de él mismo maniobrando la maquinaria con la que se derrumbaban esos centros asistenciales.
Los cinco centros de salud demolidos fueron los de Bastidas, La Paz, Taganga, María Eugenia y Gaira, solo el primero (Bastidas) fue culminado con éxito en el periodo de Carlos Caicedo, los demás quedaron en obras y con múltiples problemas.
A mediados de este año 2017, el Ministerio de Salud informó que los puestos de salud de Santa Marta fueron demolidos sin la autorización o viabilidad de dicha entidad nacional, documento que apenas se expidió a principios de este año, es decir, 36 meses después.
El contrato de los puestos de salud en 2014 fue por 6.537 millones de pesos y se adjudicó por medio de una convocatoria pública a la empresa Mediredes SAS, las obras debían finalizar en julio de 2015, pero más de tres años después todavía cuatro de los centros no están terminados.
Ese contrato fue liquidado en medio de una gran presión de la ciudadanía samaria que reclamaba la culminación de las obras y sanciones por los incumplimientos del contratista, sin embargo, una vez fue elegido Rafael Martínez como alcalde suscribió un nuevo contrato por medio de licitación pública, esta vez con recursos del Distrito, por 6.079 millones de pesos para terminar los centros de Taganga, La Paz y el IPC Candelaria en María Eugenia, el de Mamatoco quedó por fuera porque no alcanzaban los recursos.
El nuevo contrato se lo ganó la misma empresa a la que le fue adjudicada la primera licitación durante el gobierno de Caicedo, pero maquillada con otra razón social y bajo la figura de una unión temporal.
Se trata de la empresa Gestión y Proyectos Construcciones Group, una firma barranquillera cuyo actual representante legal es Erick Eduardo Agudelo Rodríguez Y está confirmada en un 30 por ciento por la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta, que hoy ejecuta las nuevas obras para terminar los tres centros de salud con nuevas adiciones presupuéstales y de la cual también hace parte otra empresa de Barranquilla: Construcciones e Inversiones Kamana SAS, que tiene el 70 por ciento.
De acuerdo al registro de existencia y representación legal de Gestión y Proyectos Construcciones Group, la empresa fue constituida originalmente con el nombre Mediredes EU en 2010, en 2012 pasó a llamarse Mediredes SAS y en septiembre de 2016, dos meses antes de ganarse el segundo contrato (adjudicado el 15 de noviembre de ese año), cambió su nombre al que tiene actualmente.
Lo cierto es que en medio de todos estos líos jurídicos, financieros y contractuales, han transcurrido 5 años y la red hospitalaria del Distrito está en una profunda crisis por cuenta de la desaparición de esos cuatro centros de salud que no avanzan en obras y nadie da respuestas claras.
Es preciso recordar que el alcalde electo Rafael Martínez está suspendido durante tres meses por la Procuraduría por su presunta participación en política, en favorecimiento a la campaña de Carlos Caicedo que recoge firmas para aspirar a la Presidencia de la República.
