La contratación superior a los $7 mil millones para el Plan de Alimentación Escolar en el Distrito, que inició cinco meses después que comenzaran las clases; es la que tiene nuevamente en la lupa de los entes de control al Alcalde de Santa Marta.
Rafael Martínez recibió varias advertencias de la Procuraduría General de la Nación en la que se alertaba de irregularidades ante las demoras en el inicio del proceso de licitación y adjudicación del PAE en Santa Marta.
Sólo hasta el mes de mayo fue cuando se dio inicio y apertura al programa con un evento en una escuela en el sector de Bonda, en el que se hablaba que se brindaba “un 6% más de aporte calórico según lo que establecido por el Ministerio de Educación Nacional”.
LO ADJUDICARON A LA FUERZA
En febrero del presente año La Procuraduría General de la Nación alertó por los retrasos en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar –PAE- en 5 departamentos y 14 municipios, lo que pone en riesgo el acceso en condiciones de calidad al derecho a la educación de miles de beneficiarios.
Poteriormente en abril, el ente de control manifestó: “La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE”.
LOS INVESTIGAN
El proceso investigativo recae, según la Procuraduría porque el Alcalde y el ex funcionario, no habrían adoptado las medidas necesarias para garantizar que cerca de 42 mil estudiantes de 73 instituciones educativas adscritas al Distrito de Santa Marta, fueran cubiertos por el programa desde el inicio del calendario escolar de 2018.
Solo hasta el mes de marzo pasado la Administración dio apertura a la licitación para adjudicar el servicio PAE a los niños de las escuelas y colegios del Distrito. Dicha gestión que fue iniciada por orden judicial emanada de un fallo de tutela y por el seguimiento preventivo realizado al proceso por el Ministerio Público.
HUBO IRREGULARIDADES EN ANTERIORES PROCESOS
En el mes de marzo, otro ente de control, la Contraloría General de la República, empezó a cobrarle factura al presunto detrimento patrimonial superior a los $1.206.110.000 millones, en la implementación del PAE en Santa Marta. El órgano de control fiscal, resolvió como medida cautelar, embargar las cuentas del ex alcalde Carlos Caicedo y su ex secretaria de Educación, Ingris Padilla Salcedo.
Por este caso se empezó un juicio de responsabilidad: La Contraloría General de la República a través de la Gerencia Colegiada Departamental, adelanta la audiencia en el proceso que se lleva por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar en el Distrito, durante la administración de Carlos Caicedo.
Sin la presencia del ex Alcalde de Santa Marta, pero con un apoderado a través de videoconferencia, se lleva a cabo la diligencia.
El proceso denominado el ‘Cartel del pechugón’, en el que está directamente implicado el ex alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, por un presunto detrimento de $1.206 millones: “Se evidenció el pago de un precio mayor en la ración de complemento de almuerzo y desayuno, en comparación con el valor pagado por otras entidades por el mismo servicio, para el mismo ente territorial y para el mismo periodo”.
Tal parece que los entes de control empiezan a sacarle factura a las presuntas irregularidades en la administración de Carlos Caicedo, entre esas la del PAE en el que se evidenció un exagerado pago de los alimentos que se venía sirviendo en los comedores escolares.
